Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

La comunidad jurídica aglutinada en las organizaciones no gubernamentales, introdujeron una pieza de correspondencia para solicitar de la comisión legislativa que analiza el anteproyecto de reforma al Código Procesal Penal, un estudio riguroso,  responsable  y detallado de la normativa.

El Foro de la Defensa de la Constitución de El Salvador (FDC), la Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho (FESPAD); Tutela Legal del Arzobispado y el Decanato de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales  de la Universidad de El Salvador (UES), calificaron el cambio de la normativa como “arbitraria y sin fundamentos técnicos”.

Gustavo Pineda, de FESPAD, afirmó  que la iniciativa del cambio del código (procesal penal),  que impulsa el ministerio de seguridad pública, se basa en necesidades artificiales, que responden a otros intereses.

“Pese a que la gestión de la política criminal que ha sido reactiva frente al fenómeno delictivo, y las más de 300 reformas a los códigos Penal y Procesal Penal, la situación de la delincuencia no ha sufrido cambios substanciales”, señaló.

El nuevo cuerpo de leyes se quiera favorecer la “ampliación de facultades de privación de libertad” a la Fiscalía General de la República, lo que vulnera las garantías de los y las ciudadanas, contemplados en la Constitución de la República.

Además, “La fiscalía provee de un poder discrecional, entre otras, observaciones… Nosotros proponemos que se inicie una discusión  desde cero, comenzando por analizar plenamente la inseguridad del país; y si la ley respondería a ese problema, porque las normativas deben ser consecuentes … y si aquí no ha funcionado el “manodurismo”,  entonces, se deben buscar otras opciones y discutirlas seriamente”, consideró.

Por su parte, el diputado Walter Durán, del FMLN, que dio iniciativa a la misiva de las organizaciones sociales, consideró que era preocupante que el Ejecutivo revierta toda la ley penal, poniendo en peligro el respeto a los derechos humanos de los y las salvadoreñas.

“Como lo han expresado los proponentes, el código (procesal penal), genera una desproporción en la aplicación de justicia, al conceder potestades extraordinarias  a la fiscalía para instruir procesos, prácticamente pasan a sustituir el rol de los jueces y eso contradice la esencia de los Acuerdos de Paz, que buscaba refundar una sociedad democrática y justa”, apuntó.

El diputado efemelenista agregó, que la pieza de correspondencia será conocida en los próximos días, en el seno de la comisión especial y anticipó “somos del criterio, que si la Asamblea (Legislativa), va a conocer y debatir sobre esa legislación, debe tomar su tiempo, no se puede hacer en algunos meses, son más de 600 artículos y se debe hacer una consulta real y generar debate, sino sería improcedente apoyarla”, puntualizó.