Daniel Trujillo
Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) informó hoy que los trabajadores operarios de la fábrica Baterías de El Salvador (RECORD) no contaban con la prestación médica del ente autónomo.

“La empresa tenía registrada como trabajadores nada más al personal administrativo, pero no a los operarios”, aseguró el director del ISSS, Nelson Nolasco Perla.

Baterías de El Salvador, que comercializa la marca RECORD, fabrica y recicla baterías a escala latinoamericana, afincada en cantón Sitio del Niño, jurisdicción de San Juan Opico, La Libertad, fue cerrada tras comprobarse que había rebasado los controles de contaminación y afectó a la comunidad que vive en los alrededores.

Nolasco Perla informó que en la fábrica existía una clínica empresarial, la cual trabajaba bajo la figura de un convenio. En este, el ISSS se comprometía a dar los medicamentos y los exámenes de laboratorio pertinentes, mientras que la empresa contrataba a los médicos.

Sin embargo, los trabajadores operarios de la fábrica RECORD no gozaban de los beneficios de la clínica, debido a que estaban subcontratados.

“Los registros que nos daba la fábrica eran nada más de los empleados administrativos y de ellos ninguno salía con problemas de plomo… aunque la clínica empresarial atendía a los operarios, pero por voluntad propia de la empresa, como una prestación de ellos, no dentro del convenio de la clínica empresarial”, agregó el director del ISSS.

Nolasco Perla destacó que la fábrica, al percatarse de los niveles alto de plomo en la sangre de los trabajadores operarios, los llevaba a un hospital privada.

“Pero, nosotros nunca fuimos informados de esos trabajadores”, sostuvo el director de la autónoma.
Se espera que el lunes próximo Nolasco Perla vaya a la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa para informar de esto.

Existe actualmente una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentado el 3 de diciembre de 2007, por Tutela Legal del Arzobispado, junto a la CEJIL, que provocó que la CIDH notificara al Estado Salvadoreño, medidas cautelares para 38 niños y niñas de la zona, por contaminación por plomo.

Mientras, el Movimiento sin Plomo, junto al Instituto de Derechos Humanos de la UCA, se encuentran trabajando para presentar la segunda denuncia de contaminación de la zona, por parte de esta misma empresa. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Movimiento sin Plomo por medio del IDHUCA.