Redacción Diario Co Latino

Los habitantes de terrenos en la línea férrea debatieron con el alcalde de Soyapango, Carlos Ruiz, sobre los problemas que aquejan por la falta de tubería de aguas negras y potable, alumbrado eléctrico y, sobre todo, el mejoramiento de los terrenos y la legalización.

“Nosotros proponemos instalar una mesa de trabajo donde esté el gobierno central, las alcaldías y las comunidades que viven en la línea férrea”, dijo la secretaria general del Movimiento de Habitantes de la Línea Férrea (MOHALFER), Silvia Callejas.

En todo el país, 60 mil familias viven en las inmediaciones de la línea férrea; y la mayoría de ellas están concentradas en San Salvador y los municipios identificados son Soyapango, Ciudad Delgado, Ilopango, Apopa y Aguilares.

Callejas asegura que desde hace tres meses buscan acercamientos con los gobiernos municipales y con Ferrocarriles de El Salvador (FENADESAL) y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) para llegar a un acuerdo y que no proceda el desalojo.

Los habitantes de la línea férrea sostienen que tanto CEPA como FENADESAL no quieren atenderles debido a los planes de comercio que tienen, o debido al TLC con Estados Unidos.

Por su parte, el alcalde de Soyapango, Carlos Ruiz, explicó que el gobierno no tiene “conciencia” para con estas personas, ya que ellos “son humanos como todos”.

“Hay que buscar una solución integral con ellos, ya que ellos traen un arraigo de vivir en la línea férrea… hay personas que viven en esos lugares desde hace más de treinta años, por eso es que hacemos estos debates”, sostuvo el jefe edilicio de Soyapango.

Por el momento, las habitantes de las inmediaciones de la línea férrea viven amenazados por un posible desalojo, ya que las tierras donde tienen sus hogares son propiedad del Estado, y tanto FENADESAL como CEPA las exigen para rehabilitar el ferrocarril.