Néstor Martínez
Redacción Diario Co Latino

La representación Fiscal no logró demostrar la culpabilidad en el juicio contra Nora Emily Parada de Silva, realizado en el juzgado 1º de Instrucción de Usulután, el pasado viernes 25 de este mes, por lo que, a juicio de sus defensores, Dr. Nelson García y Lic. Rey Nóchez, los juicios que faltan contra su clienta no son procedentes ya que contienen la misma base para sostener la acusación.

Nora Emily Parada de Silva, es esposa del diputado Roberto Carlos Silva Pereira, por el momento detenido en los Estados Unidos, y que enfrenta en El Salvador acusaciones de negociaciones ilícitas y lavado de dinero, en negocios realizados por la empresa Caminos y Edificios, S.A. de C.V. (CED).

Tanto la señora De Silva, como su madre María del Carmen Ortiz Herrera, fueron acusadas por complicidad en los delitos que se le imputan al diputado Silva. Siendo la primera condenada a siete años de prisión en un primer juicio en San Salvador, y la segunda fue sobreseída, aunque aún no se le devuelven sus bienes.

La Fiscalía, según narró a Diario Co Latino el Lic. Nóchez, pretendió probar con la partida de matrimonio que “la esposa del diputado Silva tenía conocimiento de los supuestos ilícitos que él cometía, y que ese documento también era prueba del vínculo de parentesco y responsabilidad penal solidaria”.

“Esto es falso, ya que los cónyuges no son parientes entre sí, ni el matrimonio implica responsabilidad penal”, afirmó Nóchez y que la jueza le reconvino a la representación fiscal que la base de la sociedad es la familia y que en el Código Procesal Penal está la potestad de que los esposos no pueden ser obligados a declarar el uno contra el otro.

Asimismo, la representación fiscal quiso aplicarle a la acusada el inciso tercero del Art. 328, que se refiere a funcionarios públicos estrictamente, pero, explica Nóchez, “que está prohibida la aplicación analógica de la ley (lo que se aplica a funcionarios no es aplicable a otro tipo de personas), y nuestra defendida no es funcionaria pública”.

Otra carta de la Fiscalía que resultó sin base fue el contrato entre la Alcaldía de Ozatlán y la empresa CED, ya que el peritaje practicado en los contratos demostró que la firma que aparece en ellos no es del puño y letra de la señora Nora Emily Parada de Silva.

“Ni la sociedad CED ni la señora De Silva, tenían conocimiento, ni habían participado en los hechos de los que se le acusan, por lo que ambos están desvinculados de los delitos”, afirma Nóchez.

Por su parte, el Dr. Nelson García, asegura que “se comprueba que la señora De Silva es víctima de una estrategia de mantenerla procesada en diferentes tribunales con la idea de que el principal encausado, el diputado Silva Pereira, regresaría al país por su propia voluntad”.

Agrega que “la fiscalía mantiene la misma tesis que acaba de ser desvanecida, y la acusación por lavado de dinero en el primer juicio tampoco encaja”.

En el primer juicio realizado en San Salvador, los defensores de la Sra. De Silva, intentaron recusar a los jueces, quienes antes de ser tales fueron fiscales, y la condenaron a siete años de prisión, sentencia que se encuentra en casación en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

“La Fiscalía no tiene base para seguir juicios contra Nora Emily Parada de Silva”, afirma Dr. Nelson García, y que “es un juicio político, que es la razón por la que el diputado Silva encontró asidero legal para no ser extraditado hasta la fecha”.

La Sra. De Silva deberá enfrentar otros dos juicios: el primero el 5 de marzo en el Juzgado de 1ª Instancia de Zacatecoluca, acusada de falsedad material; y el segundo el 6 de junio en el Juzgado 1º de Instrucción en El Tránsito, acusada de negociaciones ilícitas con la Alcaldía de San Jorge.