Daniel Trujillo
Redacción Diario Co Latino

Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) exigió al Estado Salvadoreño el cumplimiento del calendario que contiene el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso del asesinato de Ramón García Prieto.

Una resolución de finales de noviembre de 2007 obliga al Estado salvadoreño a seguir las investigaciones sobre el asesinato de Ramón García Prieto, así como a indemnizar a los padres del fallecido; pero la notificación fue hecha hasta diciembre del año pasado.

Mauricio García Prieto, originario del departamento de San Miguel, fue asesinado en junio de 1994 cuando realizaba una visita a sus tías en la colonia Escalón, en la capital.

En ese momento él era acompañado por su esposa y su hijo Mauricio, de unos meses de edad.
El calendario, presentado por el IDHUCA, dice que el gobierno central, la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial deben investigar «inmediatamente» el homicidio de Ramón García Prieto y las amenazas a sus padres y hermanas; asimismo, otro rubro que tienen que investigar «inmediatamente» es el libro de entradas y salidas del extinto batallón San Benito, de la Policía Nacional Civil. Algunos miembros de esa unidad fueron los autores materiales.

Ahora bien, el gobierno central tiene hasta junio de este año publicar la parte resolutiva del fallo y otros párrafos de la misma en el Diario Oficial y otro diario de amplia circulación nacional.

Además, el gobierno central tiene hasta diciembre de este año para pagar $20 mil dólares a cada uno de los padres de Ramón García Prieto por daños materiales; también, tiene que desembolsar otros $13 mil a la señora Gloria de García Prieto, por gastos ante la jurisdicción interna.

«El gobierno no sabe jugar respetando las reglas del juego y como no pueden, perdieron en cancha internacional… y los esposos García Prieto han contribuido a eso: a que el gobierno sepa jugar las reglas del juego», acotó el director del IDHUCA.

Cuéllar sostuvo que el Estado Salvadoreño está obligado a investigar el homicidio de Ramón García Prieto y las amenazas sufridas por los padres de éste.

La sentencia de la CIDH tiene implicaciones jurídicas «serias» para el Estado Salvadoreño en lo que respecta a su responsabilidad de respetar y garantizar todos los Derechos Humanos de la personas que están bajo su jurisdicción, sostuvo Roberto Burgos, abogado del IDHUCA.

Con la sentencia de la CIDH el Estado no puede apelar y no puede tampoco pedir prescripción penal, ya que el caso del asesinato de Ramón García Prieto es una «grave» violación a los Derechos Humanos en el país.