Luis Fernández, asesor jurídico del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), se dirige a la encargada de recibir la documentación en la CSJ. Foto: Rosa Campos
Santiago Leiva
Redacción Diario Co Latino
Armando Flores, Director Ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), pidió hoy ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se les permita ser parte de un proceso de amparo interpuesto por las distribuidoras de energía eléctrica.
La acción del CDC, está encaminada a que se les admita como tercer beneficiado y a partir de ahí convertirse en contraparte de las distribuidoras de energía que buscan, con su amparo, sacudirse una resolución emitida por la SIGET, que beneficia a la población salvadoreña.
«Esta resolución de la SIGET, adversada por las distribuidoras, si bien es cierto no estamos del todo satisfechos significaría para familia promedio una reducción de entre el 3% y 7% en el pago de energía eléctrica», dijo Flores.
La citada resolución, un tanto «lesiva» para los intereses de las distribuidoras de energía, establece los cargos por el uso del sistema de distribución y comercialización que deberán aplicarse del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2012, así como también el pliego tarifario para el quinquenio.
Las distribuidoras no están satisfechas con el mandato de la SIGET y bajo los argumentos que el pliego tarifario aprobado afectan sus ganancias, buscan amparo en la Sala de los Constitucional de la CSJ, desde diciembre.
Hasta hoy, sin embargo, según Flores la Corte todavía no ha admitido el amparo.
Y es que de acuerdo con Flores, si la CSJ admite el amparo de las distribuidoras, beneficios aprobados como la eliminación del cargo por uso de redes fijas se irían al «sesto de «basura», es decir, que los salvadoreños tendríamos que pagar la misma factura del año pasado.
«Lo que nosotros queremos es que la distribuidoras se salgan con la suya», dijo Flores.
Actuar bajo la figura de tercer beneficiado permitiría al CDC ser notificado de cualquier traslado o notificación que les haga a las empresas distribuidoras o a la SIGET, según explicó Luis Fernández, el asesor jurídico del CDC.



