Dennis Chinois, miembro de la Comisión Investigadora de Derechos Humanos de EE.UU. Foto: Melvin Rivas
Daniel Trujillo
Redacción Diario Co Latino
Los $461 millones del Fondo de la cuenta del Milenio (FOMILENIO) podrían estar en peligro si las autoridades salvadoreñas siguen cometiendo violaciones a los Derechos Humanos, sostuvo una Comisión Investigadora Especial de los Estados Unidos.
Esta Comisión está en el país desde inicios de esta semana y, por petición de 42 Congresistas del Parlamento estadounidense, investigan las violaciones a los Derechos Humanos cometidas contra los 13 “presos políticos” del pasado 2 de julio de 2007, capturados en Suchitoto, departamento de Cuscatlán.
James Wallace, miembro de la Comisión, dijo que el dinero estaría en peligro porque el desembolso de este dinero está basado en el cumplimiento de requisitos, en materia de Derechos Humanos y libertades civiles, entre otros.
James Wallace, miembro de la Comisión Investigadora de Derechos Humanos de EE.UU. Foto: Melvin Rivas
“Violaciones del alto perfil en estas áreas podrían resultar en una reconsideración por parte del Congreso de los Estados Unidos de su decisión de beneficiar a El Salvador”, agregó Wallace.
El 2 de julio de 2007, las comunidades del municipio de Suchitoto, departamento de Cabañas, manifestaron su rechazo hacia la política de descentralización del servicio de agua potable que realiza el gobierno, la cual fue oficializada ese día en ese lugar.
Elementos policiales de la Unidad del Mantenimiento del Orden se enfrentaron con los representantes de las comunidades y capturaron a 13, entre las que se encontraba Haydée Chicas, una periodista institucional de una ONG, que fueron acusadas de terroristas.
Esta Comisión dice que también podría existir una pérdida de la inversión empresarial. “El solo hecho de realizar un juicio por un caso de acusaciones de terrorismo, podría ser una señal muy negativa para empresas extranjeras que estén buscando donde invertir y establecerse”, añade Wallace.
Para la Comisión, los trece presos políticos “no son terroristas”, porque solamente se manifestaron exigiendo un derecho.
Esta Comisión se reunió durante esta semana con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón; el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna; el oficial encargado de Derechos Humanos de la Embajada de Estados Unidos en el país, John Speaks; y el Vice Ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Calix, delegado directo del Presidente de la República, Elías Antonio Saca.
Según la Comisión, no se reunieron con el Fiscal General de la República, Félix Garrid Safie ni el Ministro de Turismo, porque no accedieron a su solicitud.
Los 42 congresistas tendrán el informe de esta Comisión Especial antes del próximo 8 de febrero.
