Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino
Alejandro Díaz, jurista de Tutela Legal del Arzobispado, afirmó que ampliarán la demanda de justicia de los niños intoxicados por plomo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que exija al Estado salvadoreño garantizar los derechos fundamentales a la vida y salud de los menores.
Tutela Legal del Arzobispado, junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentó ante la CIDH, el 3 de diciembre del año pasado, una solicitud de Medidas Cautelares a favor de 38 niños, intoxicados con plomo, en Cantón Sitio del Niño, jurisdicción de San Juan Opico, La Libertad.
Las medidas cautelares son acciones preventivas para mejorar las condiciones de las personas que puedan tener sus derechos vulnerados y son garantía a sus derechos.
De la intoxicación de los menores y contaminación del medio ambiente, se responsabiliza a la fábrica y recicladora de Baterías de El Salvador, S.A. de C.V. , que comercializa la marca Récord.
A 15 días de la solicitud girada por la CIDH al Estado salvadoreño, la nueva canciller de la república, Marisol de Barillas, informó que el proceso de las medidas cautelares ha sido respondida en el tiempo requerido.
“En este caso se ha presentado este día (ayer), un informe que fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre toda la aplicación con aspectos que van desde la prevención en materia salud, laboral y toda la temática, que es necesario dar las garantías”, afirmó.
Y explicó que el proceso que lo evalúa la CIDH, podría responder dándose por satisfecha del contenido del informe, o pedir mayor información u otro tipo de medidas, como en un encausamiento judicial interno.
No obstante, Díaz argumentó que ante un caso tan complejo y grave, la CIDH no se daría por satisfecha con el informe y que tendrían en un estimado de 15 ó 20 días, una respuesta del ente interamericano.
“Es una causa colectiva y extensa, según la experiencia la CIDH podría dar recomendaciones sobre el caso, así como, solicitar mayor información de cualquiera de las partes involucradas”, explicó.
“Nosotros, como Tutela Legal, vamos a documentar más casos, por el respeto al derecho de todos los niños y niñas que viven en el lugar”, agregó.
Por su parte, el director de Tutela Legal, Ovidio Mauricio González, informó que los padres de los niños y niñas intoxicadas no han recibido atención gubernamental.
“Los padres de familia de los menores lo pueden testimoniar, no han recibido la atención médica especializada y ni han descontaminado el medio ambiente.
Nosotros pediríamos a la CIDH una visita al Sitio del Niño, para que verifique de primera mano, la situación de la población, expresó .
La Canciller de Barillas afirmó que el Estado salvadoreño ha cumplido con los procedimientos, establecidos.
“Esta es la forma de tratar estos casos, antes de entrar en materia, lo que se hace es evitar que la situación pueda gravarse o que pueda cuestionarse”, expresó la canciller.



