Claudia Solórzano
Redacción Diario Co Latino

Los diputados del Parlamento Centroamericano y de la Asamblea Legislativa, de la fracción del FMLN, pidieron al gobierno que inscriba a las organizaciones sindicales del sector público, en cumplimiento a los compromisos adquiridos ante la Unión Europea.

El objetivo de los parlamentarios es la conservación de las fuentes de trabajo que son generadas a partir de los beneficios comerciales del SGP-PLUS, los cuales exigen se apliquen los convenios de la OIT.

Según la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en relación a lo dispuesto en el artículo 2 , del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de Sindicación, va en contra de la Constitución.

El Diputado del FMLN, en el PARLACEN, Manuel Melgar, comentó que cuando se aprobaron los convenios se encontraba en el país una delegación de diputados del parlamento europeo, quienes le expresaron su disgusto por el fallo de la Corte.

“Nos preocupa el impacto que tendrá en la región, pues se ha iniciado un proceso de negociación entre la Unión Europea y Centroamérica, en los cuales se contempla tres componentes: el fortalecimiento de la democracia, el componente comercial y la cooperación”, explicó Melgar.

Asimismo, agregó que el componente de la democracia no solo tiene que ver con las elecciones, sino más bien, con las libertades de las personas y en este caso con la libertad de sindicalizarse y organizarse, por lo que las relaciones con la UE se podrían ver afectadas.

Es por ello que se corre el riesgo de que la UE sancione al país quitando así los beneficios arancelarios ya establecidos con el SGP-PLUS. De concretarse la amenaza, el país dejaría de percibir no menos de 164 millones de dólares al año que ingresan como producto de exportaciones a la Unión Europea, y también “se pone en riesgo la inversiones provenientes del extranjero y alrededor de 20 mil puestos de trabajo de la mediana y pequeña empresa podrían verse afectadas”, señaló el diputado de la Asamblea Legislativa, Calixto Mejía .

Por su parte, el Frente Sindical Salvadoreño, representado por Ricardo Calderón, manifestó que el momento esperanzador de los convenios de la OIT se ha opacado.

Después de septiembre, fecha en que se aprobaron los convenios, alrededor de 27 organizaciones de carácter privado y público ya tenían los documentos en el Ministerio de Trabajo, pero el proceso quedó truncado por el fallo de la corte.

“Consideramos que de manera institucional se debería reconocer a aquellas organizaciones sindicales que son producto del convenio.

El Ministerio de Trabajo debe inscribir y legalizar los sindicatos”, compartió Calderón.

Los diputados del PARLACEN, por la fracción del FMLN, llevarán a mediados de diciembre el tema a la Asamblea Euro Latinoamericana que se celebra en Bruselas, en donde intentarán sacar una resolución en favor de los trabajadores y del empleo público en El Salvador.