Alejandro Díaz, de Tutela Legal, pide a la Fiscalía la judicialización del caso de los afectados por la contaminación de plomo. Foto: Beatriz Menjivar
Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino
Después de siete meses de pedir que se acuse a la empresa de “Baterías de El Salvador S. A de C.V.” (RECORD), por los delitos Contra la Vida, Medio Ambiente y la Salud, la Fiscalía General de la República (FGR), aun no lo ha hecho.
Ante situación, Tutela Legal del Arzobispado interpuso hoy un nuevo escrito y presentó nueva documentación ante el ente fiscal para que el caso de contaminación sea judicializado y pueda existir una sentencia penal.
Alejandro Díaz Gómez, abogado de Tutela Legal del Arzobispado, dijo que el pasado 18 de mayo, Tutela Legal presentó la demanda ante el ente, sin embargo, la fiscalía no ha presentado la acusación o requerimiento a un tribunal “a pesar de que los principales afectados son niños”.
Tutela Legal presentó hoy para que se anexe al proceso, los resultados de contenidos de plomo en la sangre, de 41 niños, por encima de lo normal. Además, 350 poderes especiales de los afectados para querellar y acusar formalmente a la empresa RECORD.
“Creemos que esto es suficiente para judicializar el caso, por parte del fiscal”, dijo.
“Los pobladores nos reclaman la presencia de escorias (desechos tóxicos) y ceniza que está en la fábrica, ya que en la misma acta de cierre de establecer que son 33 mil toneladas de escoria” y hasta la fecha ni el Ministerio de Medio Ambiente ni Ministerio de Salud han hecho un proceso de saneamiento.
Por su parte, el director de Tutela Legal del Arzobispado, Ovidio Mauricio González, dijo que al continuar con esta negativa de llevar el caso a los tribunales la institución tendrá que pedir a la Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia (CSJ), que investigue el comportamiento del fiscal general Félix Garried Saffied.
“Hay una responsabilidad del Estado, que tiene que hacer cumplir los derechos de la población y uno de los derechos es la justicia que se requiere en este caso.
Si el Estado no cumple, lo que tenemos que hacer es buscar otras instancias, ya hablaba de una instancia internacional en donde pongamos recursos por la negligencia, si se le quiere llamar así”, criticó Ovidio Mauricio González.
“Creemos que es negligencia, porque se tienen suficientes elementos de prueba para poder iniciar una acusación” y no se ha hecho agregó.
Mientras que Juan Antonio Perla, del Comité de Medio Ambiente del Sitio del Niño, La Libertad, instó a la fiscalía a acusar a la empresa para que pueda existir una sentencia y los más de 35 mil afectados puedan obtener una indemnización para paliar la crisis de la salud. La empresa RECORD fue cerrada el pasado mes de septiembre.



