José M. Tojeira

Se está discutiendo en diversos foros no sólo sí la Iglesia puede o debe dialogar con el Gobierno en torno al caso de Mons. Romero, sino también sobre temas tan importantes como, la reconciliación en El Salvador y la derogación de la Ley de Amnistía de 1993.

Estos dos últimos puntos motivados por la revisión del caso del  Arzobispo que nos entregó vida y ejemplo, y que este año, de haber vivido, hubiera cumplido 90 años.

Sin pretender dar la solución al debate, a todas luces importante incluso para la propia evolución de los procesos de pacificación nacional, quisiera dejar sentadas algunas opiniones que pueden ayudarnos, creo yo, a afinar ideas.

En primer lugar, sobre sí se debe o no dialogar con el Gobierno en los casos de graves violaciones de los DDHH. Es cierto que el GOES no ha mostrado históricamente ninguna voluntad,  o muy poca, de dialogar sobre estos casos, que en El Salvador han sido muchos y muy graves.

Y probablemente también es cierto que en este momento se ha acercado pidiendo diálogo debido a la presión de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y al miedo de verse señalado en la Asamblea General de la OEA, como país infractor de recomendaciones en ese campo.

Pero eso no quita para que, sí el Gobierno pide diálogo, se acepte.

Es más, personalmente creo que cuando un Gobierno pide diálogo sobre estos temas, uno debe aceptar sentarse a la mesa para hablar.

Dialogar no es negociar, como parecen pensar algunos, sino buscar juntos una verdad que nos haga mejores a todos.

Y para la Iglesia en particular, es una exigencia que brota del propio mensaje del Señor.

Por otra parte, la CIDH habla siempre de prioridad de buscar soluciones amistosas, e incluso las recomendaciones, de las que se debe buscar claramente el cumplimiento, no eliminan ese espíritu de búsqueda de soluciones amistosas entre las partes.

En ese sentido, y partiendo del deseo de hacer verdad, hay que poner unos presupuestos para el diálogo. Si el GOES desea dialogar, debe ser serio en su propósito. Y eso se le debe exigir desde el primer momento.

El diálogo, como ya lo ha indicado el Sr. Arzobispo, no debe ser sobre cómo obviar las recomendaciones de la CIDH, sino sobre cómo cumplirlas.

Y sobre temas y pasos concretos que posibiliten que se le dé cumplimiento a las recomendaciones del modo más conveniente para El Salvador.

Otro elemento que debe estar presente en el diálogo es, la doctrina de la propia Iglesia sobre los procesos de reconciliación tras las guerras civiles.

El Gobierno no puede pretender que la Iglesia sea infiel a su propia visión de la dignidad de la persona humana.

El pensamiento de la Iglesia sobre cómo manejar la reconciliación tras las graves violaciones de DDHH cometidas durante una guerra civil, está explícitamente desarrollado en el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del Primero de Enero de 1997.

En él se establecen los pasos de, a) hacer verdad como primer paso hacia la reconciliación,

b) buscar justicia, como camino adecuado para restablecer las relaciones auténticas con Dios, consigo mismo y con los demás, c) exigir la reparación a las víctimas como un elemento básico de la propia justicia, y d) ofrecer el perdón, generoso y amplio, que no elimina ni disminuye la exigencia de la reparación.

A partir de esos pasos creo que, sí el Gobierno actual quiere dialogar con la Iglesia sobre las recomendaciones de la CIDH, debería mostrarse dispuesto a dialogar previa y simultáneamente sobre los siguientes puntos:

El Gobierno debería estar dispuesto a reconocer las graves violaciones del pasado cometidas desde el poder del Estado y pedir perdón públicamente por ellas, en su calidad de representante actual del Estado salvadoreño.

No sólo por el caso de Mons. Romero, paradigmático en tantos aspectos, sino por todos los casos que le son achacables al Estado durante la guerra civil y en años anteriores de pre-guerra.

Estoy convencido que al propio Mons. Romero no le agradaría que su caso se tratara como caso único o desvinculado de la suerte de los más pobres en el país.

Un modo de englobar la multitud de casos sería, la de reconocer públicamente aquellos casos que la Comisión de la Verdad considera ejemplares y mencionarlos concreta y particularmente, al tiempo que se pide perdón por todas las violaciones cometidas.

En esta petición de perdón la figura de Mons. Romero debería tener un papel protagónico.

El Estado además debería aceptar, e incluso financiar, el establecimiento de un Centro Nacional de la Verdad que contenga documentación y recoja testimonios sobre lo acontecido en la guerra civil.

En dicho centro, con las prevenciones pertinentes de desclasificación del material, debe estar la documentación de la Comisión de la Verdad, hoy sepultada en los sótanos del edificio principal de la ONU en Nueva York.

Este Centro debe ser independiente del Estado y regido por una institución o patronato que dé garantías de su cuidado, conservación y utilización abierta. Hacer verdad histórica es también un acto de justicia y reparación a las víctimas.

Como elemento fundamental de la justicia está la reparación, tanto material como moral, a las víctimas. Huérfanos, sobrevivientes de masacres que hayan quedado o permanecido en la pobreza, tienen derecho a una reparación material.

En otras palabras de una indemnización. Este punto me parece de máxima importancia porque, es una forma de asumir la responsabilidad del Estado y de que las peticiones de perdón no queden en meras palabras.

Asimismo, hay formas simbólicas de reparación moral que deben ser incluidas.

Un día de recuerdo de las víctimas, algunos monumentos, especialmente en honor a niños, mujeres embarazadas, ancianos asesinados, son posibilidades importantes.

Otro tipo de símbolos serían también importantes, como, por ejemplo, el dotar de vivienda a los lisiados de guerra que carecen de ella, incluso construyendo una colonia en la que compartieran vecindad los lisiados de ambos bandos contendientes.

Si los representantes del Estado dieran pasos de este estilo y nivel, el diálogo sobre las recomendaciones de la CIDH en el caso Romero sería, más fácil y provechoso.

Y la apertura de la población a solucionar amistosamente los diferendos e injusticias del pasado mucho más abierta. Por el contrario, si el Estado sólo quiere dialogar para convencernos de no derogar la ley de amnistía del 93, y mantener así un olvido absoluto de las víctimas inocentes de nuestra guerra civil, quienes optamos por los DDHH continuaremos insistiendo en los procesos imprescindibles para la reconciliación que, repetimos, son procesos de verdad, justicia, reparación de las víctimas.

Personalmente, y desde 1993, me he manifestado contra la Ley de Amnistía de ese año, no porque esté en contra de un proceso de reconciliación en El Salvador, sino porque creo que esa Ley se ha convertido en el obstáculo más importante para una verdadera reconciliación.

Creo así mismo que la reconciliación no se daría por el simple hecho de que se derogara la Ley de Amnistía y se enjuiciara a gente de un bando o de otro y se la enviara a la cárcel.

Los procesos de reconciliación son mucho más complejos, que los simples procesos judiciales.

Y ni siquiera se puede decir que nuestro sistema judicial sea el más indicado para liderar procesos de reconciliación. Por eso creo que la recomendación de la CIDH no trata simplemente de que eliminada la Ley de Amnistía se puedan abrir procesos judiciales.

Al contrario, trata desde esa recomendación, de que se busque, dialogadamente, un proceso de reconciliación integral a partir del caso de Mons Romero.

Pero para ello, el Gobierno debería proponer un diálogo serio y comprometido con los puntos mencionados anteriormente y, por supuesto, con otros que desde la Iglesia o desde el Estado se vieran indispensables para asegurar un verdadero proceso de reconciliación nacional.

No sobre el perdón y olvido, como tantas veces se nos ha repetido, sino sobre realidades y propuestas concretas, algunas de las cuales hemos mencionado como posibilidad, y en las que la reparación a las víctimas, especialmente de las más pobres y olvidadas, sea el objetivo primordial.