Iván Escobar
Redacción Diario Co Latino

Las Comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales, Justicia y de Derechos Humanos, de la Asamblea Legislativa, avalaron un decreto que incluye disposiciones transitorias para el otorgamiento de beneficios penitenciarios.

El decreto que pasará al pleno, en la sesión de este miércoles, cuenta con el visto bueno de todos los grupos parlamentarios, quienes buscan contribuir a darle una salida al hacinamiento de los presos en los centros penales.

Estadísticas oficiales advierten que en la actualidad el número de reos es de 17 mil 400, distribuidos en los 19 centros penales del país, aunque la capacidad de estos centros ha sido rebasada, porque el número de reclusos tendría que ser de 8 mil 100.

El decreto que se apresta a aprobar la Asamblea este miércoles, beneficiaría a un aproximado de 1 mil 600 reos, lo cual según los legisladores, contribuiría a bajar la tasa de hacinamiento.

Guillermo Ávila Quehl, de ARENA, destacó que con este decreto se da oportunidad a aquellos reclusos adultos mayores y que padezcan enfermedades terminales, estos últimos no tendrían que desarrollar todo el proceso requerido a los otros prisioneros.

“Se están estableciendo plazos y que los que están en fase terminal de vida salen. Además, se excluyen a aquéllos que han cometido delitos de corrupción, que han envenenado vertientes de agua y delitos a la hacienda pública”, explicó.

Irma Amaya, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y diputada del FMLN, se mostró satisfecha por el concenso alcanzado entre las diferentes fuerzas políticas. “Ha sido de las pocas cosas en las cuales ARENA permitió escuchar a los diferentes autores”, enfatizó.

Son ocho artículos los que incluye el decreto transitorio que tendría la vigencia de un año, en el cual se definen escenarios de actuación para las autoridades de centros penales, los jueces penitenciarios y demás autoridades para que los reclusos puedan optar a estos beneficios.

El decreto excluye de beneficios a reos que hayan cometido delitos como homicidios, secuestros, extorsiones, violaciones y agresiones sexuales en menores incapaces, asociaciones ilícitas, entre otros.

Los legisladores han dejado entrever que estos beneficios podrían extenderse de forma permanente, según Ávila Quehl.