Guatemala/Afp

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) iniciará operaciones en enero, aseguró este viernes su titular, el juez español Carlos Castresana.

"Durante la presente semana he tenido reuniones en la Fiscalía, en la Vicepresidencia y con la sociedad civil para afinar detalles de la instalación operativa de la Comisión para enero próximo", afirmó Castresana, al tiempo de indicar que el equipo estará integrado por entre 30 y 40 personas.

El jurista español señaló que dicho equipo será el encargado de seleccionar los casos que se investigarán durante el tiempo del mandato de la Cicig, ya que no pueden encargarse de "múltiples casos".

"Se va a trabajar en base a perfiles, de tal cuenta que se encuentre el punto ideal de equilibrio para atender óptimamente las solicitudes que desde ya estamos recibiendo, siempre y cuando estén dentro de los términos del mandato y que están relacionados con la inseguridad, la violencia y la impunidad", subrayó Castresana.

Dejó entrever que darán prioridad a los casos que recomiende el gobierno guatemalteco, aunque aseguró que la definición será un asunto complicado "por la complejidad de la realidad guatemalteca".

Además, Castresana detalló que dentro del equipo de trabajo espera que haya un 50% de personal extranjero y el restante 50% local, tanto a nivel operativo como administrativo y dentro de la estructura jerárquica.

"Países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Suiza y Suecia, además de cooperar con los recursos económicos necesarios para el funcionamiento de la Comisión, también aportarán personal especializado", indicó.

"Los países de América Latina, aunque no aporten financieramente, sí aportarán especialistas. Colombia y México, agentes especializados en criminología, Argentina y Chile, especialistas en temas jurídicos", destacó.

El Congreso de Guatemala aprobó, de urgencia nacional, la instalación de la Cicig el 1 de agosto, y el 14 de setiembre el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, designó a Castresana para dirigir el ente que investigará la infiltración, por parte del crimen organizado, en las estructuras del Estado.