Beatríz Castillo
Redacción Diario Co Latino

El fallo que emitirá el próximo jueves la Corte de Inmigración, ante la petición de deportación del ex diputado Roberto Silva, tendrá que ser apegada “al Estado de Derecho”, según el Ministro de Seguridad y Justicia, René Figueroa.

Figueroa resaltó que Estados Unidos es un “país donde impera el Estado de Derecho” por lo que esperan que el parlamentario sea “deportado para enfrentar la justicia en El Salvador”.

Al asistir a la Corte de Inmigración en la Ciudad de los Ángeles, ayer, Silva pidió que le concedan una fianza de 25 mil dólares para evitar su deportación.

Lo que originó que el proceso de deportación sufriera un revés, ya que se tendrá que esperar lo que el juez diga el próximo jueves.

Las autoridades salvadoreñas esperaban que el parlamentario llegará al país en un vuelo especial entre jueves y domingo.

“Nosotros hemos suministrado la difusión roja, las ordenes de captura y documentación de los casos de lavado de dinero, por lo que esperamos que a través de estas pruebas se pueda deportarlo” agregó el Ministro de Seguridad y Justicia.

“Esperamos traerlo a la brevedad posible porque si se le otorga la libertad corre el peligro de fuga, por eso esperamos que el señor juez tome en consideración los aspectos por lo que estamos demandando la deportación de Silva” acotó.

Silva fue capturado el pasado 5 de octubre en la ciudad de Anahein, California, luego que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), La Oficina de Inmigración de Aduanas de los Estados Unidos y agentes salvadoreños lo ubicaran en Las Vegas, Nevada, cuando vacacionaba.

A criterio del funcionario de seguridad y justicia, el trabajo de coordinación entre las autoridades salvadoreñas y estadounidenses que se está realizando en el caso resultó efectivo.

Silva será deportado como cualquier persona, ya que su fuero de funcionario le fue despojado a finales del año pasado para que se iniciara un juicio penal en su contra por los delitos de lavado y cohecho.

Los delitos e irregularidades se le detectaron en la adjudicación de licitaciones de proyectos de alcaldías a sus empresas y por estos hechos también son procesados su esposa, suegra y un asesor financiero.