Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

A las tres de la madrugada se dio un enfrentamiento entre agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) y habitantes de las comunidades del cantón Cutumay Camones, quienes se oponen a la construcción de un relleno sanitario que impulsa el gobierno municipal de Santa Ana.

Las discusiones entre el gobierno local de Orlando Mena y las comunidades que se encuentran en Cutumay Camones, arribó a 40 días de enfrentamiento legal y político.

La incursión policial del viernes en la madrugada dejó 16 lesionados, entre adultos mayores e infantes, quienes no pudieron defenderse del operativo policial de la UMO, que derribó las tiendas de plástico para permitir el paso de camiones de la empresa que construirá el relleno sanitario.

Tomás Antonio Múñoz, miembro de la Comunidad Santa Gertrudis, denunció que pese a que el alcalde Mena se comprometió, con los diputados de la Comisión legislativa de Asuntos municipales, a suspender las obras mientras esperan la resolución legislativa, atacó a los habitantes del lugar.

“Llegó un pelotón de unos 150 agentes de la UMO y unos 35 de la Delegación de Santa Ana.

Un agente roció directamente gas pimienta en el rostro de una anciana de 60 años, quien cayó al suelo, mientras con los pies la empujó para que se levantara y no nos permitió que nos acercaramos para ayudarle,ni a a otras tres personas que internamos en hospitales.

Un ingeniero de la obra bajó después de donde se construirá la placeta del relleno burlándose de nosotros… como iba con los policías”.

Mientras, María del Carmen Soto narró que los golpes que recibió esta madrugada, le abrieron su piel.

“Me agarraron dos agentes de la UMO y me estrellaron contra un paredón, los golpes que me dieron… me han dejado una herida grande y se me ha hinchado… Pero lo injusto es que a un niño de 7 años, le reventaron la piel con las balas de goma que tiraron… Si hubieran impactado más arriba le hubieran sacado un ojo”, narró.

Sobre esta situación Doris Osorio, de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos, repudió las acciones de la Policía Nacional Civil y del gobierno local de Santa Ana.

“La forma violenta en que fueron desalojados es una flagrante violación a los derechos de la gente que defiende lo que considera un patrimonio natural, como es el agua”, agregó.

La doctora Janet Alvarado señaló que la Policía Nacional Civil incumplió su labor de proteger a la población, al obedecer una orden que puso en peligro a infantes y ancianos.

“Ellos están instituidos para dar seguridad a la gente, no entiendo cómo pudieron arremeter contra ellos, sino que están realizando hechos delictivos. No se puede criminalizar la protesta social”, dijo Alvarado, e instó al gobierno local a lograr acuerdos mediante el diálogo y propuestas que beneficien ambas partes.