Ciudadanos que asisten al foro: “Incumplimiento de los Acuerdos de Paz en materia de Derechos Humanos”, escuchan la intervención de Oscar Santa María, quien se encuentra en Washington. Foto: Rosa Campos
Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino
“La Ley de Amnistía fue un instrumento necesario y donde descansa actualmente la paz”, expresó Oscar Santamaría, ex jefe de la delegación de diálogo del gobierno, y representante de la administración de Elías Antonio Saca, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta mañana en Washington, Estados Unidos.
La audiencia fue solicitada por el gobierno salvadoreño, ante la CIDH, donde acumula los casos de asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y los sacerdotes de la Compañía de Jesús (UCA), que fueron presentados en su contra por organizaciones sociales.
La delegación fue integrada por el ex ministro de la presidencia Oscar Santamaría, en la administración del presidente Alfredo Cristiani, y Salvador Samayoa, ex miembro del FMLN.
Santamaría explicó ante los comisionados de la CIDH, que el proceso de crear concesiones para la amnistía partió desde Contadora que inició negociaciones entre 1982-1984.
“Esto lo retomó el presidente Napoleón Duarte (1984-1989), y el presidente Alfredo Cristiani para reinsertar a la ex guerrilla, es un carácter de respaldo, donde todos deben tener igualdad de condiciones, y debe respetarse”.
Y se atrincheró en los argumentos de los distintos secretarios generales de las Naciones Unidas: Javier Pérez de Cuéllar, Boutros Boutros Ghali y Kofi Anan, quienes han considerado el proceso de paz del país, como ejemplo de convivencia pacífica a nivel mundial.
“La Ley de Amnistía en el país, es un proceso distinto, que fue de concertación política y nadie ha mencionado que esta ley no haya cumplido con su objetivo de cerrar heridas (del pasado)”, dijo.
Por su parte, Salvador Samayoa, desde el principio de su intervención se desligó de su pasado como miltante y negociador del FMLN, y explicó que su participación se debía a la invitación del Canciller de la República, Francisco Laínez, para explicar ante la CIDH, el contexto de las negociaciones de paz.
Samayoa defendió la Ley de Amnistía.
“Todos teníamos heridas …si la Comisión de la Verdad, tenía encabezando su lista de implicados a militares como René Emilio Ponce.. ¿Cómo se iba a echar andar el proceso de depuración de la Fuerza Armada? Hubiera sido un caos; es por eso la validez de la ley de amnistía ”.
Dagoberto Gutiérrez, invitado para analizar las declaraciones gubernamentales por las organizaciones que consolidan a la Comisión Pro Memoria Histórica, consideró que se debería cambiar la Ley de Amnistía.
“La negociación es relación de fuerzas, no de buena fe …y ellos Salvador y Oscar han defendido su paz, los beneficios que obtuvieron de ella…no de la gente que se siente revictimizada con la ausencia de justicia”, dijo Gutiérrez.
Por su parte, Silvia Guillén, de FESPAD, consideró que la permanencia de esta ley violenta convenios internacionales de derechos humanos.
“Esto no puede ser un Estado de Derecho, mientras se ignore las peticiones de la sociedad civil, por sus desaparecidos y detenidos por razones políticas”, añadió.
Y como representante de las víctimas, Alicia García de COMADRES consideró “ofensivas” las argumentaciones de los representantes del gobierno salvadoreño.
“Me siento con el derecho de exigir al presidente Elías Antonio Saca, que derogue esa ley y que me digan dónde está tanta gente desaparecida y detenida hace más de diez años..”, pidió.
Los invitados, el juez Sidney Blanco, criticó la actitud del Estado salvadoreño de mantener la ley.
El Procurador Adjunto, Salvador Menéndez Leal, exigió al gobierno salvadoreño “el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, refundando el respeto a la justicia y la equidad de todos y todas las salvadoreñas”.



