Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

Miguel Ángel Ayala, vicepresidente de la Cooperativa Santa Marta, denunció que más de 69 familias serían desalojadas, ante la estafa realizada por Sigfredo Pleitez, quien les vendió las tierras, usurpando a la propietaria del inmueble María Beltrán Bonilla.

La cooperativa Santa Marta se ubica en el municipio de Victoria, departamento de Cabañas, conformada por más de 618 grupos familiares, forman parte de una repoblación de salvadoreño (a)s, que llegaron provenientes de Mesa Grande, tras el conflicto armado.

Ayala explicó, que en 1988 iniciaron el proceso de adquisición de 55 manzanas de terreno aledañas a la cooperativa, por la cual pagaron 231 mil colones a Pleitez, quien presentó un título supletorio, que como propietario del inmueble.

Y a quien han denunciado ante la Fiscalía General de la República, para que investigue la estafa cometida contra la cooperativa Santa Marta.

“Formalmente la cooperativa es la propietaria de la tierra, pero la administración y adjudicación de lotes para cada grupo familiar lo ha hecho la comunidad de forma legal, donde la gente ha hecho su casa y su parcela para sembrar”.

Sobre el desalojo, Ayala explicó que ellos presentaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, pero ésta falló a favor de la propietaria por lo que procedería su desalojo.

La directora de la Fundación para la Estudio y Aplicación del Derecho (FESPAD), Silvia Guillén, quienes acompañan con asesoramiento legal a los afectados, afirmó que el caso se constituye en un claro ejemplo del funcionamiento antagónico de la justicia en el país.

“Cómo puede ser posible que la señora Beltrán, haya resuelto rápidamente todo el proceso judicial y busque el desalojo de esas 69 familias que han vivido ahí por 20 años; y la denuncia que pusieron los afectados ante la Fiscalía General de la República en enero de este año, no haya sido investigado. ¿De qué justicia hablamos aquí?”.

Y agregó , que esta comunidad se ve afectada como otras, por las líneas de trabajo del gobierno actual, que ha cedido tierras estratégicas ya sea, para proyectos turísticos, instalación de empresas mineras y la construcción de la longitudinal del Norte, que dejarían sin arraigo a miles de familias.

Rosa Laínez anunció que realizarán una serie de actividades públicas para defender sus derecho a la tenencia de la tierra y una vida digna.

“Vamos a realizar el próximo 6 de octubre el Primer Encuentro de Comunidades, en Santa Marta para defender nuestros derechos y en San Salvador vamos a celebrar un foro en el Hospital Divina Providencia, queremos que el gobierno no siga excluyendo”.