Dr. Jorge Efraín Campos
El Consejo Nacional de la Judicatura, con la apertura de las sedes de la Escuela de Capacitación Judicial en las ciudades de Santa Ana y San Miguel, cumplirá una de sus responsabilidades sustantivas a un mayor número de capacitandos, tal cual se ha planificado para el cuarto trimestre del presente año.
Además de acercar la ECJ a sus destinatarios naturales, existe la obligación por parte del CNJ de introducir nuevas temáticas con la visión de enfrentar la justicia salvadoreña a los desafíos generados por los Tratados de Libre Comercio vigentes.
La ECJ con la cooperación internacional está planificando capacitaciones en áreas laboral, minoril, ambiental, integración y muy pronto desarrollará actividades investigativas y de construcción de indicadores de transparencia y eficiencia judicial.
Desde mi punto de vista, la ECJ constituye la médula del CNJ y el Programa de Formación Inicial de Jueces, su programa estrella; sin embargo el proceso de evaluación judicial practicado por el CNJ si se engarzara con la Corte Suprema de Justicia, mucho contribuiría para mejorar el sistema de justicia salvadoreño; asimismo, un proceso de selección de ternas de aspirantes a Jueces, apegado a los parámetros de la Ley de la Carrera Judicial, Ley y Reglamento del CNJ y del Manual de Selección, apoyando como corresponde a los graduandos del PFI, no solo estimularía la pertenencia a la Carrera Judicial sino engendraría mística judicial a quienes están dentro de la Carrera Judicial.
El Sector Justicia en las zonas occidental y oriental del país, son merecedores que nazcan sedes de la ECJ, con el personal mínimo administrativo, y que muy pronto se abra oportunidades para que dignos profesionales del Foro Oriental y Occidental se conviertan en capacitadores de la ECJ y de esa forma superar cualquier aplicación procedimental, en beneficios de los usuarios y de la administración de justicia.
La judicatura del país está integrada totalmente por abogados de la República y muchos de ellos se han profesionalizado en otras especialidades e inclusive ejercen la docencia universitaria y en la ECJ; y no obstante ello, solicitan capacitaciones en la ECJ.
El Manual de Evaluación de Magistrados y Jueces pondera con un 5% la asistencia a cursos que imparte la ECJ, lo que obliga a esta ofrecer y convocar a tales cursos a todo el universo de Magistrados y Jueces.
La demanda a la ECJ es cuantitativa y cualitativa; requiere mayor personal de planta sobretodo ahora que se aperturan las sedes de Santa Ana y San Miguel; y así, como se apoyó su nacimiento, resulta necesario crear plazas de profesio-nales especializados en las tres sedes de la ECJ y así aportar a la formación integral de Magistrados y Jueces, prerrequisito para mejorar la calidad de justicia y cosechar la seguridad jurídica, vehículo indispensable para promover la inversión nacional y extranjera.
El Salvador tiene apuestas interna-cionales, la ayuda millonaria de la cuenta del milenio tiene condiciones especiales; entre otras, garantizar la transparencia en el uso de tales fondos, combatir la corrupción y cumplir compromisos agroambientales y ante ese reto la ECJ tiene que brindar las capacitaciones a quienes corresponde dirimir y resolver el respeto a la normativa aplicable, en su caso.
La oralidad en la Justicia Civil, Mercantil y Laboral será a corto plazo un régimen legal aplicable; igual se erigirá la jurisdicción agroambiental y más temprano que tarde se crearán Tribunales contencioso administrativos lo que requerirá mayor esfuerzo de la ECJ.
La capacitación conduce a la investigación sin la cual no habrá desarrollo sostenible.



