Santiago Leiva
Redacción Diario Co Latino

En El Salvador, la guerra terminó hace 15 años, pero, las cicatrices todavía sangran. Mientras los parientes claman por justicia y buscan pistas de sus desaparecidos, durante el conflicto armado, el Estado calla y prefiere sepultar el tema.

Ayer, durante la celebración del foro regional «la Desaparición forzada de Personas: una lucha vigente», Mario Sánchez, gerente de la Asociación Pro Búsqueda culpó al Estado de obstruir la justicia.

«(En Guatemala, Honduras y El Salvador) se ha implementado una política de impunidad porque no se ha reconocido el fenómeno de la desaparición forzada y obstrucción», declaró Sánchez a Diario Co Latino.

En El Salvador, por ejemplo, según el entrevistado, ha habido impunidad política histórica y jurídica, porque, además de no reconocer el fenómeno, no ha existido un proceso penal que responsabilice y sancione a las personas implicadas.

«No se ha vetado a las personas que estuvieron involucradas (en las desapariciones) y que ahora son funcionarios, embajadores o coroneles pensionados con altos sueldos», se quejó Sánchez. «Nuestros gobiernos no han desarrollado para resolver esta problemática», señaló.

De acuerdo con datos extraoficiales, durante el conflicto armado, que duró más de 12 años, unas ocho mil personas fueron desaparecidas.

Solo Pro Búsqueda, tiene reportados 791 niños desaparecidos y según Sánchez se siguen recibiendo nuevos casos.

En Guatemala, los 36 años que duró el conflicto armado, y que terminó con la firma de la paz, en 1996, dejó más de 55 mil desaparecidos, según documentos de la oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de aquel país.

Y es que, de acuerdo con Nery Rodena, director de la Oficina Legal del Arzobispado de Guatemala, el conflicto registró 700 masacres y quedaron muchos niños huérfanos.

«La información que tiene el Estado de Guatemala no la traslada y sería importante para determinar los destinos de los desaparecidos», ilustró Rodena, al explicar la forma como el gobierno obstruye la justicia.

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), Óscar Luna, quien estuvo a cargo de la inauguración del evento, se puso a disposición de las organizaciones sociales que luchan por los derechos humanos.

«Hay muchas personas que quieren saber que pasó con las niñas y niños separados de sus familias. Este legítimo trabajo no debe de ser coartado por el Estado, o por ninguna otra institución estatal», dijo en su discurso.