Oscar A. Fernández O.

En los Acuerdos de Paz, suscritos en 1992, que pusieron fin a la guerra interna, se sentaron los principios para pasar de la dictadura militar al Estado de Derecho.

Estos principios sirvieron para introducir las reformas constitucionales que deberían garantizar un nuevo tipo de Estado civilizado y democrático.

La dictadura militar y los regímenes oligárquicos, sustentados en un sistema eleccionario manipulado por el poder, privaron en tres cuartas partes del siglo XX. De esta forma, los Acuerdos de Paz y las reformas constitucionales, abrían las puertas para construir y consolidar la democracia y el Estado de Derecho, como objetivo fundamental de los salvadoreños en el primer tercio de este nuevo siglo.

Una de las cuestiones fundamentales que dieron pie a la esperanza nacional de no volver a la guerra jamás, fue la desmilitarización del Estado, requisito sustantivo para construir los cimientos de la democracia efectiva. En esta dirección, se sentaron las bases para que la función policial del Estado y el aparato orgánico funcional de la policía dejaran de ser una extensión de la Fuerza Armada, con formación y estructura militares.

La Constitución, en el Art. 159, párrafo 2do., reza: “… La seguridad pública estará a cargo de la Policía Nacional Civil, que será un cuerpo profesional, independiente de la Fuerza Armada y ajeno a toda actividad partidista” Pero, La Constitución no se limita a separar ambas instituciones, sino que la extiende a una clara diferenciación de las funciones. En el párrafo 3° del mismo artículo, se añade:

“La Policía Nacional Civil tendrá a su cargo las funciones de policía urbana y policía rural que garanticen el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, con apego a la ley y estricto respeto a los derechos humanos”.

Los Acuerdos de Paz y la Constitución pretendían la construcción de una nueva policía civil, con una cultura de democracia y relacionada amigablemente con la comunidad.

Así, como producto de un Estado de Derecho habría de existir una institución de seguridad y servicio público en función de afianzar y preservar ante todo, los Derechos Humanos y la tranquilidad de los ciudadanos, para que estos tuviesen garantizado el pleno ejercicio de todos y cada uno de los derechos que ostentan.

Los Acuerdos de Paz, han sido declarados por el gobierno como “concluidos” es decir, olvidados, quedando todos los compromisos que de ellos surgieron, sin valor alguno y lejos de afianzar la democracia efectiva, se ha continuado alentando y practicando el Estado decisionista, en manos de una oligarquía política, que implementa un régimen concentrador, excluyente y autoritario.

Esta clase de régimen, le asigna otro papel a la PNC como instrumento de control y represión exclusivamente dedicada a combatir a todo el que se oponga a la imposición de sus políticas excluyentes y polarizantes, especialmente contra las clases empobrecidas y criminalizadas.

Un análisis científico y profundo del comportamiento de la Policía Nacional Civil desde su fundación hasta la fecha, muestra claramente que su cultura inicialmente con matices democráticos se ha deteriorado de manera dramática, presentando hoy, como en la época de las dictaduras militares, una cultura de la violencia y de culto a la «religión del orden y el control ciudadano», atropellando la Constitución, el Derecho y la Justicia, sin el mínimo recato.

La tendencia es el empleo sistemático del terror, por medio de una policía represiva para eliminar cualquier forma de oposición.

La Policía Nacional Civil aparece en los informes sobre violación de derechos humanos, presentados por entidades nacionales e internacionales, como una corporación violenta, discriminadora y brutal, y por tanto violadora de derechos y libertades fundamentales.

La Policía ha sido convertida en una institución totalmente distinta a la diseñada en los acuerdos de paz.

En opinión de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, las “graves disfunciones institucionales han impedido a la PNC convertirse en el ideal de una policía moderna, democrática y eficiente” (Procuraduría de Derechos Humanos. Informe especial, 02 de julio de 2007) Amnistía Internacional, en su informe 2007, afirma que en nuestro país creció la preocupación entre la población y organizaciones civiles por la posible reaparición de escuadrones de la muerte.

Las acciones de terror llevadas a cabo por la PNC y el Ejército, como la de Suchitoto en julio pasado, no responden a un impulso fugaz ni instantáneo.

Son la secuela natural de una concepción claramente anti-popular afincada en el odio irracional al pueblo y el temor que le suscita al poder político ultraderechista, la presencia creciente de las masas en el escenario nacional.

El uso indiscriminado de la fuerza, la tortura y la ejecución extrajudicial en las dictaduras militares no son una práctica sorprendente, ya que son un componente del sistema, pero ¿y cuando reaparece esta aberrante práctica en El Salvador, en el marco de un Estado supuestamente democrático y de Derecho?

El pensamiento autoritario sostiene, que la brutalidad y la tortura simplemente son una excepcionalidad, en el dado caso que solo se puede justificar la “fuerza excesiva” (incluyendo la tortura) frente crímenes de “terrorismo”.

¿Y que sucede cuando cualquier forma de protesta social o de oposición activa y militante al régimen es hoy “legalmente” calificada de “terrorista”?

Es necesario poner mucha atención y actuar en los problemas de organización y funcionamiento de la Administración Pública, como problemas relacionados con la propia libertad y sus efectivas garantías, pues el tema de las libertades es en primer lugar, el tema de los poderes públicos.

Es por ello que la problemática de la administración policial, de su funcionamiento, de su estructura, de su control, de sus funciones, etc., es el punto neurálgico para poder designar el carácter del Estado (represivo y totalitario o democrático, social y de Derecho) Es indispensable que la PNC se desmilitarice y se deshaga de todas las posibles manifestaciones criminales que la están corrompiendo, solo de esta forma sus funcionarios actuarán de manera coherente con una perspectiva de nación civilizada y democrática.

En pocas palabras, toda esta reflexión plantea la necesidad de una Policía que actúe sometida al imperio del Derecho legítimo y al control ciudadano, no al libre albedrío de los políticos de turno, ya que el Derecho como expresión ordenada de la razón humana y la democracia, es antes que un recurso técnico administrativo, un bastión contra el instinto expansivo del poder.

Estamos seguros de que nuestras consideraciones no caen en saco roto y la ambición que nos motiva al plantearlas, es que se conviertan en una herramienta para el debate social, ya que después de quince años de soñar con país nuevo, un país democrático, saludable, educado y justo, El Salvador vive de nuevo, una crisis estructural que nos indica que un viejo régimen autoritario y excluyente agoniza, mientras una nueva forma de Estado y sociedad más avanzada se esfuerza por nacer. El futuro inmediato será sin duda de cambios trascendentales en la vida de los salvadoreños.