El pasado jueves, los partidos de derecha –ARENA y PCN–, aprobaron reformas penales para castigar, con mayor dureza, la protesta popular, para evitar, precisamente, que el pueblo se pronuncie ante medidas impopulares o a causa de los principales problemas que aquejan al país.

En un principio, la derecha legislativa se había pronunciado por poner en debate las reformas, a iniciativa del Ejecutivo, precisamente, para no caer en yerros o inconstitucionalidades. Esta postura estaba respaldada, tras la mala experiencia con la aplicación de la Ley Antiterrorista. Por cierto, con las reformas penales buscan sustituir la aplicación de la referida Ley.

Y es que la administración del Presidente Elías Antonio Saca y la derecha del país, han pretendido detener la protesta popular, mediante leyes duras, incluyendo la Ley Antiterrorista.

Para Saca y la derecha del país, protestar por la falta de agua, por la carestía de la vida y por la no privatización de los pocos bienes públicos, entre otras, es un acto de terrorismo que debe castigarse en forma severa.

Y así lo hicieron contra vendedores ambulantes ,primero, que gracias a la sapiencia de un juez cambió el delito de terrorismo por el de desorden público.

No obstante, una jueza mantuvo durante casi tres semanas presas a 14 personas capturadas el 2 de julio en Suchitoto, cuando protestaban contra la política de descentralización del agua.

Entre las capturadas se encontraba una periodista. Todos quedaron en libertad, tras la presión nacional e internacional, pero, el proceso por actos de terrorismo continúa.

Entonces, ante las fuertes reacciones y presiones contra Saca, por aplicar la Ley Antiterrorista, a los manifestantes sociales o populares, el Ejecutivo inventó endurecer las penas establecidas en los códigos penales a los delitos considerados como desórdenes públicos.

Aunque el Ejecutivo pretendía castigar con diez años de prisión ese delito, al final ARENA y el PCN lo redujeron a 8 años de prisión. Además, se castigará hasta un tercio más la pena, a los líderes o “instigadores” de las protestas o marchas.

Sin lugar a dudas, pues, las reformas penales buscan censurar la protesta popular.