Leonel Herrera
Redacción Diario Co Latino

Jaime López es el coordinador centroamericano de PROBIDAD, una red ciudadana continental que impulsa estrategias de combate a la corrupción pública. Está radicado en Nicaragua y visita el país frecuentemente.

En su más reciente venida conversó con Diario Co Latino sobre la gravedad de la corrupción en el país y lo poco trascendente de la condena al ex presidente de ANDA Carlos Perla, criticó el trabajo de la Corte de Cuentas y señaló que el peor acto de corrupción es la «captura» de las instituciones estatales por el partido gobernante para beneficio de una minoría empresarial muy poderosa.

López insta a la población a buscar mecanismos de contraloría social del desempeño financiero del Estado.

La reciente condena al ex presidente de ANDA Carlos Perla, ¿es una señal suficiente de que en el país se está combatiendo la corrupción?
No. No es una señal suficiente porque estos procesos judiciales tienen un carácter excepcional, es decir, en El Salvador, no es la regla procesar a todos los que cometen actos de corrupción.
Por otro lado, el proceso judicial no repara el daño.

Recordemos que el enfoque actual del combate a la corrupción se base en una intervención oportuna y en la recuperación de activos. En el caso del desfalco de ANDA, aunque se han recuperado algunos activos, esto no es la parte más importante del proceso.

Pero como elemento disuasivo, ¿sí tiene alguna relevancia el juicio contra Perla?
Sí. Aunque eso es difícil de medir. Pero siempre es más posible tener algún impacto disuasivo en la psicología de quienes cometen actos de corrupción cuando los juicios son permanentes y sistemáticos, cuando son la regla y no la excepción.

La condena contra el ex presidente de ANDA, no se cuánto efecto disuasivo tenga, dado lo excepcional del caso y la tolerancia a la corrupción existente en país.

La reparación del daño, en este caso, ¿se realizaría recuperando los millones defraudados?
Sí. Pero a estas alturas, esto es muy difícil de lograr porque no se realizaron las acciones pertinentes en forma oportuna como congelar fondos, confiscar propiedades, aplicar controles, etc. Esto hace que algunos activos ya no puedan recuperarse.

Además, hay un daño que es imposible recuperarlo, es el costo de oportunidad de los proyectos de agua potable que no se hicieron bien y no dieron los resultados propuestos. Esto es un perjuicio al Estado y a los usuarios, que no se podrá reparar.

Este juicio no es una señal contundente por su carácter excepcional, ¿no lo es también porque no ha sido procesado ningún contratista, el ex gerente Mario Orellana ni ex funcionarios mencionados por Perla como el expresidente Francisco Flores, el diputado de ARENA Norman Quijano…?
Claro. Porque el efecto disuasivo se logra sólo cuando se demuestra en la práctica que todos los que cometan actos de corrupción serán castigados, pero sí, por el contrario, lo que existe es impunidad en la mayoría de defraudaciones, robos, etc., más bien se promueve la corrupción porque los funcionarios tienen la certeza de que no serán castigados.

El cuestionado criterio de oportunidad dado a Mario Orellana es un mal precedente en este sentido, porque en juicios por corrupción en el futuro algunos de los involucrados podrían buscar evadir su responsabilidad descargándola en sólo una persona…

¿Quiénes más debieron ser condenados junto a Perla por la defraudación en ANDA?
Antes se debe aclarar que ningún juicio por corrupción termina necesariamente en una condena para los acusados, porque el delito penal es extremo, antes puede existir daño patrimonial, procesos civiles o mercantiles -en el caso de las empresas- que pueden seguir vías distintas a la penal.

En el caso de ANDA, primero, debió enjuiciarse a todos los funcionarios que tomaron decisiones, los representantes legales que las avalaron y los empresarios que se beneficiaron de éstas; segundo, los intermediarios financieros -principalmente los bancos- sin los cuales no es posible realizar este tipo de operaciones; y tercero, Mario Orellana, los encubridores, prestanombres, etc.

¿Debió procesarse también al diputado Quijano, al ex fiscal general Belisario Artiga y al ex presidente Flores, involucrados por Perla?
Desde luego. Para establecer todas las responsabilidades, la investigación debe ser completa, y no necesariamente para sancionar penalmente a todos. Esto es conveniente hasta para los acusados porque si no han cometido ningún delito quedarán desvanecidos los señalamientos que pesan sobre ellos.

Para esto se hace un diagrama de responsabilidades ubicando a los funcionarios y estableciendo las relaciones, iniciando por el presidente de la República, el presidente, la junta directiva y demás funcionarios de ANDA; luego los contratistas e intermediarios financieros; después los demás involucrados.

Ése es el mapa de relaciones que la investigación debe esclarecer. Pero aquí se procesó sólo Perla y no se determinaron las demás responsabilidades.

Reducir la responsabilidad en Perla, ¿es para proteger al resto de involucrados?
Definitivamente, cuando se enfoca la responsabilidad en una sóla persona se está parcializando intencionadamente el caso, para mostrar sólo una parte de la moneda y ocultar quien sabe si la parte más oscura o las cabezas más grandes del resto de la red criminal.

En este caso es evidente la intención de la Fiscalía y del sistema judicial de no ir más allá de Perla.

¿Qué le dice la decisión de la derecha legislativa de excluir la corrupción, del listado de delitos de crimen organizado, en la Ley contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización compleja?
Eso es totalmente contradictorio no sólo con la necesidad de combatir la corrupción, sino también con la legislación nacional e internacional contra el crimen organizado.

Hay una Convención que tipifica la corrupción como un aspecto del crimen organizado porque el tráfico de drogas, armas o personas, el contrabando o cualquier otro delito de crimen organizado no es posible perpetrarse sin la corrupción. En todos estos casos se involucra a funcionarios públicos, permitiendo el paso por las fronteras, utilizando la Policía, facilitando documentación, etc.

Pero la corrupción, ¿no es también en sí misma un delito de crimen organizado? El caso Perla muestra que es necesaria una organización criminal para defraudar, él y Orellana construyeron una red, una estructura delictiva. Esas organizaciones, ¿no se repiten, aunque en escalas diferentes, en todos los delitos de corrupción?
Sí. Excepto en los delitos menores como el robo de un objeto que un empleado se lo lleva en su carro, pero en los casos más relevantes se repiten estas estructuras.

En estos casos, como mínimo hay un funcionario que toma una decisión, otros que son los ejecutores, intermediarios como bancos, empresas, ONG´s y, casi siempre, aparecen despachos de abogados, legalizando las transacciones.

Estas redes de corrupción son similares a las estructuras de crimen organizado.

¿Hay otros casos de corrupción que deberían terminar en una condena como la de Perla?
Sí, existen. Pero salgámonos de la esfera penal y veamos el concepto de corrupción. Corrupción también es abuso de poder, apropiación indebida del espacio público y la captura del Estado, lo cual incide en la definición y aplicación de las políticas públicas.

En El Salvador esto sucede. Lamentablemente, el partido de gobierno mantiene un esquema de captura de las estructuras estatales para beneficiar a un reducido pero poderoso sector empresarial, a través de las contrataciones y compras del gobierno, las políticas de turismo y mediante el bloqueo a la participación libre de otros actores en el mercado.

El principal acto de corrupción ¿es, entonces, mantener el control del Estado para beneficio exclusivo de los gobernantes y los grupos de poder que representan? Ocupar las instituciones gubernamentales ¿es lo que permite aplicar medidas de beneficio particular, defraudar…?
Exacto. Y aquí no importa tanto determinar si esto sea legal o ilegal, sino de corroborar que es un esquema de corrupción.

Un ejemplo claro también es la dolarización, que no es que sea buena o mala, sino que se aprovechó el control de las instituciones estatales correspondientes para implementar una medida de beneficio a un pequeño grupo. Igual pasó con el TLC con Estados Unidos.

Yo estoy de acuerdo con los tratados de libre comercio, pero éste se aprobó para beneficiar a unos pocos.

Esto sólo resulta de la captura del Estado, que es un esquema de corrupción.

Hablando específicamente de los actos de defraudación de fondos y otros activos del Estado, aquí se menciona la corrupción en el MOP, el CNR, entre otros. ¿Por qué estos no son procesados para que, si bien no terminaran en condenas, al menos se esclarecieran?
Hay algo que se llama estructura de encubrimiento, que en El Salvador está plenamente identificada.

La primera línea de encubrimiento son los límites al acceso de información que impide que la prensa conozca y difunda el contenido de los contratos, las transferencias, etc.

La segunda es el papel intransparente e inoportuno de instituciones claves como la Corte de Cuentas, la Fiscalía, las superintendencias, las unidades de auditoría y de control interno en los ministerios y entes autónomos. Esto es muy fuerte en el país, por ejemplo el modelo de la Corte de Cuentas es anquilosado: no publicar los informes de auditorías es propio de un Estado intransparente.

Y la tercera línea se refiere propiamente al sistema de justicia, donde el control de la Corte Suprema de Justicia es lo más grave, lo cual se evidencia en la decisión de los magistrados de impedir a la Sección de Probidad pedir a los bancos información sobre las cuentas del ex presidente Flores y algunos de sus ex ministros.

Entonces, lo poquito que se conoce: lo del MOP, CNR, Ministerio de Salud, Seguro Social, muestra que hay corrupción en el país, pero el indicio que más revela la gravedad del problema es el hecho de que juicios como el contra Perla son la excepción y no la regla.

¿Qué opina de una institución como la Corte de Cuentas, que no sólo es deficiente en su rol de auditar a las demás instituciones estatales, sino que internamente es intransparente, al no permitir que se le audite?

Nadie sabe cómo ha administrado sus recursos durante los últimos doce años.

Sí. Eso muestra la gravedad del problema de la corrupción en el país.

Las condiciones para la transparencia son: primero, rendición de cuentas, es decir, el presidente de la Corte debería de explicar cuál fue el resultado de cada auditoría realizada; segundo, que hayan reglas claras, esto es, debemos saber cómo procede la Corte en cada caso, procedimientos que en muchas veces son discrecionales y arbitrarios; tercero, acceso irrestricto a la información; y cuarto, el control interno efectivo, aquí entran las auditorías al desempeño de la Corte, ausentes en estos doce años, lo cual es un indicador preocupante, bastante grave.

¿Cómo queda la necesidad de que el ente contralor de los ejercicios financieros gubernamentales tenga transparencia interna, ante la denuncia de la empresa auditora de que no pudo hacer su trabajo porque el presidente de la Corte no le permitió acceso a la información?
Eso es inaudito, surrealista. La Corte de Cuentas hasta tiene capacidad para presionar a las empresas auditoras -por ejemplo, amenazándolas con sacarlas del registro- cuando una de éstas es contratada por la Asamblea Legislativa para que le realice una auditoría.

Todos los candados están puestos para que la Corte no sea fiscalizada…

El pacto político entre ARENA y el PCN, ¿debería deshacerse para que el presidente y demás funcionarios de la Corte fuesen independientes, con una destacada estatura moral, y sus auditores seleccionados por su capacidad y no por ser activistas del PCN, como muchos actualmente?
Eso sería lo ideal, que todos sus funcionarios, desde el presidente hasta los auditores, fueran profesionales de carrera y no designados por partidos políticos, porque la sóla procedencia de un partido debilita la credibilidad que es la principal garantía de una institución contralora.
Durante estos años, la actuación de la Corte ha estado determinada por las negociaciones en la Asamblea.

Este control político que limita el trabajo de la Corte se podría amortiguar aplicando mecanismos de mayor calidad y transparencia, pero ni siquiera eso se hace.

Ante un papel deficiente de instituciones cuestionadas como la Corte de Cuentas, ¿existen mecanismos de control social, de auditoría ciudadana del desempeño financiero del gobierno, que pueden implementarse?
Sí. De hecho esa es la nueva filosofía del control, un control participativo. ¿Cómo funciona? El trabajo central de la Corte se refiere a las recomendaciones de auditoría que formula.

Por ejemplo, cuando llega a un hospital, más allá de que encuentre irregularidades o no, plantea recomendaciones sobre la toma de decisiones, la forma de control interno, etc., para garantizar una mejor administración.

Entonces, aquí la Corte podría coordinar con grupos de usuarios para dar sus recomendaciones y delegar a representantes de la sociedad civil el seguimiento a su cumplimiento.

Esto es conveniente porque la Corte sólo podrá verificarlo un año después y viable porque la población lo hará permanentemente pues le interesa que se cumplan para que mejore la atención.

Estos mecanismos ya se aplican en algunos países de Suramérica, incluso en Honduras y Panamá hay experiencias pequeñitas, donde el ente contralor hace la parte legal y contable, mientras una representación ciudadana realiza el rol de seguimiento y verificación.

Estos mecanismos, ¿podrían implementarse en otras instituciones estatales, diferentes a los hospitales?
En teoría se pueden aplicar en cualquier tipo de institución, aunque en algunas quizás habría que tener otros procedimientos por lo alejado de sus funciones, por ejemplo el ministerio de Relaciones Exteriores. Pero en las instituciones que prestan una atención más cercana y directa los ciudadanos se pueden aplicar estos mecanismos para evitar actos de corrupción como clientelismos en las carteras del área social, donde el financiamiento de proyectos o las transferencias a las municipalidades puede estar supeditada a respaldos políticos.

Hay otros mecanismos en los que pueden participar las gremiales comerciales, industriales y constructoras para buscar que las compras y contrataciones estatales sean transparentes.

Es difícil, pero se puede. Todo esto tiene como condiciones básicas acceso irrestricto a la información, efectivas intervenciones de control y un alto nivel de profesionalismo de instituciones como la Corte de Cuentas. Ojalá se pudiera hacer en el país.