Oscar A. Fernández O.

Es creíble que nuestro país se encuentre en una transición hacia la democracia? ¿Se puede probar la existencia de una democracia efectiva en El Salvador, cuando se impone y sostiene con violencia un modelo excluyente y polarizante? La respuesta a ambas formas de preguntar sobre la performatividad de la democracia en nuestro país hoy es prácticamente obvia: ¡No! La democracia no funciona en El Salvador.

Sin embargo, tratemos de establecer algunos preceptos básicos que nos inducen a concluir que el ideal democrático de libertad, igualdad y solidaridad, como un sistema delegativo de las decisiones, mediante el control del pueblo, se encuentra secuestrado por el poder decisionista de una oligarquía política ultraderechista y autoritaria que ha usurpado el destino de El Salvador.

Los acuerdos de paz en su espíritu y letra estamparon el ideal de sentar las bases para construir una democracia efectiva, como prioridad para implementar la justicia, la libertad, la tranquilidad y el entendimiento racional en el país.

Este proceso ha sido capturado por los grupos reaccionarios y anti-reformistas de las derechas fascistas, que manipulando el desarrollo de tales compromisos han reducido los cambios a una recomposición maquillada del viejo poder dictatorial.

La violación cotidiana a la Constitución, el manoseo del orden jurídico base del Estado de Derecho, la corrupción estructural, la toma de decisiones a espaldas del soberano, la imposición de un mercado salvaje por encima de la dignidad de las personas, la centralización del poder, el establecimiento de normas represivas dirigidas contra las clases populares y contra los enemigos políticos, la mentira y la propaganda sucia entre otras, nos confirman día a día que la esperanza de democracia esta siendo sistemáticamente aniquilada por el poder ultraderechista, personificado en el partido fascista ARENA.

Luego de más de tres lustros de ver una grotesca caricatura de “Estado de Derecho”, sustituto de los regímenes militaristas, la intencionada omisión del Estado por respetar, proteger, promover o garantizar adecuadamente derechos y libertades elementales, se convierte en un cuestionamiento de la propia democracia.

Amplios sectores sociales y políticos, sobretodo las mayorías empobrecidas, marginadas y criminalizadas, advierten ya una similitud cada vez más acentuada de este régimen con las viejas dictaduras del pasado reciente, que exterminaron toda una generación y nos legaron una hipoteca social muy difícil de saldar.

La democracia, en el discurso de las derechas reaccionarias se reduce a la elección periódica de representantes, aunque ese método se demuestre reiteradas veces corrupto y excluyente.

No obstante, los contenidos sustantivos de la democracia efectiva son ignorados a propósito y sustituidos por la práctica concentradora y discrecional del poder político, que constantemente apela a la excepcionalidad de los conflictos, usualmente exagerados por la propaganda y la prensa a su servicio.

Es decir, apelan a la necesidad o a la urgencia para justificar poderes excepcionales, medidas de emergencia como el endeudamiento público galopante y las leyes especiales con clara orientación fascista, como la ilegítima “Ley Antiterrorista” y la falaz “Ley contra el Crimen Organizado”, dirigidas ambas a frenar la protesta social y reprimir a los marginados.

Es cierto que ante situaciones genuinas de desorden o inestabilidad se requieren instrumentos de emergencia momentáneos, pero lejos de éste principio administrativo, en El Salvador (una historia de dictaduras aún inconclusa) frente a la inestabilidad generada por la violencia estatal, el empobrecimiento y la marginación de la sociedad, se justifican y aprueban leyes inquisitorias que incrementan el castigo, desatando así a “los perros de la guerra” como en la tragedia de Shakespeare (Julio César; acto III).

El virus de la concentración del poder político y económico ha sido hasta hoy en El Salvador, imposible de erradicar y actualmente está logrando destruir las perspectivas democráticas, imponiéndose de nuevo cobijado en el concepto de que el mercado está por sobre todas las cosas y el ser humano es simplemente un objeto-mercancía.

Por eso, frente al formalismo institucional vigente se vuelve imperioso rediseñar un Estado democrático constitucional, resguardado por ciudadanos que aprendan a sostener y defender la libertad, la igualdad y la preeminencia de los derechos elementales frente al ataque de poderes de facto que usan la excepcionalidad de acuerdo a sus intereses.

Gobernar con un gran consenso por El Salvador democrático y libre, hará la diferencia tajante: un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, en dónde para que la sociedad y el mercado funcionen, el ser humano debe ser el centro de toda la actividad del Estado, desarrollando ciudadanos con dignidad, sanos, alimentados, educados, conocedores de sus derechos, amantes de la libertad, críticos, respetuosos de las normas de convivencia y fundamentalmente informados de como sus representantes conducen la nación y manejan los bienes públicos.

No hay otra alternativa, debemos de construir una ciudadanía con participación activa en el gobierno del país, apoyando lo que le parece y beneficia y vetando lo que le perjudica; ciudadanos que construyen su porvenir, ciudadanos que deciden por su vida sin que otros decidan por ellos, ciudadanos con conciencia social, integrados a la comunidad, solidarios y defensores de su soberanía hasta las últimas consecuencias.

La ridícula idea de la oligarquía gobernante, de sostener su modelo económico usando el fraude, la fuerza y el terror es insostenible y les llevará al fracaso inevitable, por que la nación no soporta más el desgaste de esta crisis permanente.