Carlos Girón S.

Presas de una psicosis de sufrir ataques terroristas parecemos estar los salvadoreños, o mejor dicho, el gobierno salvadoreño, al haberse precipitado a promulgar una Ley Contra Actos de Terrorismo a raíz de desórdenes que se produjeran el 2 de julio pasado, en Suchitoto, durante un acto público al que asistía el Presidente de la República.

Que se sepa, allí nadie hizo estallar un camión cargado de explosivos dejando una mortandad, ni hubo ningún conato de atacar a cualquiera de los funcionarios que asistían al acto público.

Tampoco la inteligencia del Estado develó algún plan siniestro para secuestrar a alguien de la misma comitiva como parte de una conspiración criminal vinculada con grupos internacionales.

Ciertamente, los tumultos callejeros y vandálicos no le causan gracia a nadie, menos cuando son violentos y ponen en peligro la vida de las personas o atentan contra bienes privados o destruyen automotores particulares o incendian unidades del servicio colectivo y cosas parecidas, como tantas veces ha sucedido. Eso es condenable. Y está penado desde hace tiempo por las leyes penales.

De hecho, las autoridades policiales han venido actuando siempre en concordancia con dichas leyes al proceder a la detención de individuos que han participado en actos vandálicos y causado daños a terceros.

Tristemente, nuestro país ha venido siendo abatido desde hace muchos años por una espiral de actos de violencia delincuencial y criminal en diversos grados, desde lo más leve hasta lo peor, lo cual ha mantenido y mantiene en vilo a la población, que no se siente segura en ningún lado.

Es terrible leer las noticias que a diario reportan hechos criminales con pérdidas de vidas humanas, sin excluir a niños y ancianos, hombres y mujeres. Eso denota que algo anda mal en el seno de la sociedad salvadoreña. Y que cada vez se pone peor. Pareciera que un cáncer le carcome las entrañas. Pero los médicos (los políticos) que tratan de curarla se equivocan una y otra vez con el diagnóstico y la medicina que recetan.

Se equivocaron al recetar, primero, el Plan Mano Dura, que no frenó en nada la delincuencia y la criminalidad y más bien pareció estimularlas; se equivocaron al apretar la tuerca con la Super Mano Dura. El paciente no mejoró en nada. Lo mismo parece que ha sucedido con la Ley Contra Actos de Terrorismo. Se ve este terrible flagelo donde realmente no lo hay.

Actos de terrorismo los hubo de verdad –de un lado y el otro—, durante el conflicto de los 12 años. Pero al momento no hay nadie en la cárcel –de un lado y el otro—, a quien se juzgara y condenara por los daños perpetrados.

Ahora tenemos desórdenes, violencia y crímenes en abundancia, pero gracias a Dios no hemos llegado al terrorismo que sufren, por ejemplo, los iraquíes y afganos. Por cierto, ellos llegan hasta el sacrificio de inmolarse en su desesperación por combatir y liberarse de sus ocupantes.

Bueno, la cuestión es que aparentemente la gente del gobierno ya cayó en la cuenta de que se le fue la mano al precipitarse decretando una Ley Antiterrorista, como se advierte con la propuesta de reformas al Código Penal presentada estos días a la Asamblea Legislativa por el viceministro de Seguridad Pública. Pero aquí también se les está pasando la mano al hablar de penalidades de hasta 10 años de prisión a quienes participen en actos que alteren la paz y el orden público.

De inmediato se han escuchado voces que disienten con el rigor de esa penalidad, creyendo que debe ser mucho menor. La gente dice: está bien: castíguese a los revoltosos y a los peligrosos, pero sin exceso.

Lo que debió haberse hecho a la par o antes de presentar la mencionada propuesta de reforma penal era derogar la Ley Antiterrorista y poner en libertad a las personas aún detenidas en Suchitoto. Eso sería interpretado por la sociedad en general como un acto de buen gobierno, y aun más, de un gobierno inteligente —que no anda viendo espectros terroristas… como surgidos del subconsciente…

(Ya enviado al periódico este trabajo se supo la noticia de la puesta en libertad de los 9 últimos detenidos, lo que puede considerarse un acierto del Gobierno).