Ciudad de Guatemala/dpa

El Congreso de Guatemala aprobó hoy casi por unanimidad y de "urgencia nacional" la creación de una comisión internacional, apoyada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), que trabajará en la investigación de grupos criminales incrustados en las instituciones del Estado.

El vicepresidente guatemalteco, Eduardo Stein, manifestó de inmediato su beneplácito y rechazó que el nuevo organismo, cuyo nombre es Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), represente un "intervencionismo internacional", como sostienen diputados y sectores opuestos a su creación.

El debate definitivo en torno a la creación de la CICIG, después de varios años de indecisión, cobró fuerza luego del asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano el 19 de febrero.

En este hecho participaron, de acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público (MP), siete detectives de la División de Investigación Criminal (DINC). Además un registro de llamadas telefónicas revelado esta semana por la prensa local vincula al diputado independiente Manuel Castillo, expulsado en 2006 del opositor partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

Stein aclaró que la Comisión no estará facultada para ejercer la acción penal, sino se limitará a presentar los informes que correspondan al MP para que éste cumpla con la función de llevarlos a los tribunales de justicia.

Asimismo, el mandatario recordó que las funciones de la CICIG ya fueron sometidas al análisis de la Corte de Constitucionalidad (CC), después de lo cual "se le quitaron (al proyecto) las inconstitucionalidades existentes".

Uno de los partidos en abierta oposición a la CICIG es el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) (derecha), cuyo máximo líder es el general retirado y ex dictador Efraín Ríos Montt, quien enfrenta en España cargos por genocidio contra comunidades indígenas de Guatemala.

Un diputado del FRG, Jorge Ríos Castillo, afirmó que el organismo es "inconstitucional" y representa un "golpe de Estado" y un "atropello a la soberanía" del país, por cuanto corresponderá a un funcionario internacional contratar personal para hacer investigaciones.

El nuevo organismo no tendrá dentro de su ámbito de acción la responsabilidad de incursionar en investigaciones relacionadas con delitos del pasado, como los que se atribuyen a Ríos Montt.

El proyecto fue motivo de controversia política desde hace cuatro años, pues algunos partidos lo consideraban inconstitucional y una intromisión de la ONU en asuntos locales.

De acuerdo con las estimaciones de la gubernamental Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (Copredeh), la CICIG podría comenzar a funcionar en noviembre, con el apoyo económico de Estados Unidos, Suecia, Noruega y España, países que comprometieron su ayuda.

Tal como se esperaba, el día clave para la CICIG fue este miércoles, cuando el Legislativo lo incluyó en su agenda. La semana pasada se desató un conflicto político luego que la Comisión legislativa de Relaciones Exteriores, a la cual correspondía emitir un dictamen a favor o en contra de su creación, resolvió de manera negativa.

La votación definitiva, a cargo del pleno del Congreso, concluyó con el voto favorable de 110 de los 115 diputados que asistieron a la cita. El Legislativo guatemalteco está integrado por 158 diputados.

La CICIG estará integrada por expertos internacionales en investigación criminal a fin de descubrir a los grupos criminales con vínculos en las fuerzas de seguridad, las instituciones del sector justicia y otras dependencias públicas.