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Jueves , 17 Agosto 2017
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Entrevista a César Villalona sobre el tema de las pensiones
César Villalona, Economista.

Entrevista a César Villalona sobre el tema de las pensiones

Francisco Elías Valencia
@fe_valencia

El tema de las pensiones, here que por cierto es manejado en los medios de forma manipulado y por lo tanto interesado, pharm sobre todo para afectar al Gobierno, sale debe ser tratado de forma seria y sin ningún interés partidario. Más bien debe ser un tema de nación. En aras de retomar el tema esa forma seria que el mismo requiere, hemos entrevistado al economista César Villalona, en una primera aproximación, para que nos ilustre al respecto.

– César, en primer lugar, cuéntenos un poco sobre el origen del sistema de pensiones.

El sistema de pensiones inició en 1969, cuando las personas que trabajaban en el sector privado comenzaron a cotizar en el Instituto Nacional del Seguro Social (ISSS). Y para quienes laboraban en el sector público, el sistema se inició 1975, con la creación del Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos (INPEP), encargado de recibir las cotizaciones.

El ISSS y el INPEP recibían el dinero de las personas que cotizaban y lo ponían en un fondo común del cual echaban manos para pagar las pensiones quienes se jubilaban. Ese sistema se llamaba solidario, porque con las cotizaciones de las personas que trabajaban se pagaban las pensiones de las que se iban jubilando. Tanto el ISSS como el INPEP utilizaban una parte del dinero recibido para cubrir sus gastos administrativos y pagar pensiones. El resto del dinero, llamado Reserva Técnica, lo debían invertir para obtener ganancias y aumentar dichas reservas.

  Luego vino la privatización, César.

Sí. En 1996, cuando gobernaba ARENA y el Presidente de la República era Armando Calderón Sol, la Asamblea Legislativa privatizó el sistema, pues aprobó que los fondos de las cotizaciones fueran administrados por empresas privadas llamadas AFP, que obtienen ganancias millonarias por realizar esa labor, ganancias que salen de las cotizaciones. El FMLN no apoyó la privatización. A propósito, un asesor de ARENA dice que el sistema de pensiones no fue privatizado, que lo que hacen las AFP es administrar el dinero de la gente que cotiza. Solo le falta decir que los bancos no fueron privatizados en el gobierno de Cristiani porque lo que hacen es administrar el dinero de quiénes ahorran. Parece que el asesor no sabe que la ganancia de las AFP es privada, igual que la de los bancos, que dejaron de ser del Estado y pasaron a manos de un grupo de empresarios.

Con el surgimiento de las AFP, en 1998, se cambió el sistema solidario por otro llamado de capitalización individual, pues el dinero de las cotizaciones debe ir a la cuenta individual de cada persona y solo se debería utilizar para pagar la pensión de dicha persona.

Con el cambio al sistema privado se obligó a cotizar en las AFP a las personas que a partir de 1998 consiguieran trabajo y a las que ya estaban trabajando pero tenían menos de 36 años de edad. De manera voluntaria también podían pasar al sistema privado las mujeres que tenían entre 36 y 50 años y los hombres de 36 a 55 años. Y tenían que permanecer en el sistema estatal las mujeres de mayores de 50 años y los hombres mayores de 55.

La ley establecía que las AFP se quedarían con el 21% del dinero de las cotizaciones en forma de comisión, para cubrir sus gastos administrativos y sacar sus ganancias. El resto del dinero lo podían prestar, pero los intereses que cobraran engrosarían los fondos de las cotizaciones.

Además, se endurecieron los requisitos para la jubilación, pues si bien se dejaron iguales los años de vida (55 mujeres y 60 hombres), se elevaron de 15 a 25 los años de trabajo, tanto para mujeres como para hombres. Lo otra condición era 30 años cotizando aunque no haya cumplido los 55 o 60 años de edad. En junio de 2004, la Asamblea Legislativa, sin los votos del FMLN, hizo otra reforma en el sistema para que en lo adelante una persona que trabajara durante 30 años, e incluso más, no se pueda jubilar si al mismo tiempo no cumple con los 55 o 60 años. O sea, que lo único que vale ahora para jubilarse es la edad de vida, no los años trabajando.

La privatización también desmejoró el cálculo para las pensiones, pues antes se establecía un salario base regulador a partir del promedio de los salarios de los últimos tres años y con la privatización se calcula sobre el promedio salarial de los últimos diez años.

  Pero tengo entendido que al privatizar el sistema, el gobierno debió pasarles a las AFP las reservas técnicas creadas con las cotizaciones de las personas afiliadas al ISSS y al INPEP

Así debió ser, pero el gobierno de Calderón Sol no lo hizo. A surgir las AFP. Tampoco lo hizo el gobierno de Francisco Flores ni el de Antonio Saca, ambos de ARENA. Y no lo hicieron porque en el ISSS y en el INPEP no había suficientes reservas, pues los gobiernos anteriores, incluido el de Alfredo Cristiani, las habían utilizado indebidamente, y porque los propios gobiernos y muchas empresas privadas no enviaban una parte del dinero de las cotizaciones a esas instituciones. Se lo descontaban a la población trabajadora pero se quedaban con él.

Basta recordar el caso de corrupción del año 1995, cuando gobernaba  Calderón Sol y el director del ISSS, Romeo Majano, fue acusado de un robo de 21 millones de colones (2.4 millones de dólares). Majano huyó y desde entonces nadie ha sabido de él. Y hace menos de un año, el que fuera director del ISSS durante el gobierno de Mauricio Funes, Leonel Flores, dijo que 48,000 empresas le deben al ISSS 96 millones de dólares en pago de cotizaciones de empleados y empleadas. Según Flores, esa deuda se acumuló durante muchos años, al extremo de que muchas de las empresas deudoras ya ni existen.

César Villalona, Economista.

César Villalona, Economista.

Leyendo la exposición de motivos que sirvió de base para la privatización de las pensiones se hicieron tres importantes promesas: que las AFP harían sostenible el sistema de pensiones, garantizarían un retiro digno de la población trabajadora y financiarían con los fondos la inversión de largo plazo para generar el desarrollo. ¿Qué nos puede decir del cumplimiento de dichas promesas?

La primera promesa (sostenibilidad del sistema) era falsa de entrada, pues, como vimos antes, los gobiernos casi habían quebrado al ISSS y al INPEP sin que la gente se diera cuenta. Además, como el sistema privatizado obligó a las personas jóvenes a cotizar en las AFP y obligó a las personas mayores a quedarse en el sistema público, éste perdió cotizantes al tiempo que cada año tenía que pagarles pensiones a más personas jubiladas. Tan es así, que actualmente el 95% de las personas que cotizan lo hacen en las AFP y el 5% en el sistema público, pero el 87% de las personas jubiladas reciben pensiones del sistema público y el 13% de las AFP. Dicho de otra manera, el ISSS y el INPEP tienen pocos cotizantes y deben pagarles pensiones a muchas personas jubiladas, contrario a las AFP, que reciben la mayoría de las cotizaciones y le pagan a pocas personas pensionadas. Eso significa que el nuevo sistema de pensiones, lejos de ser sostenible, entró en crisis apenas tres años después de haber iniciado, cuando el ex presidente Flores endeudó al Estado por 611 millones para pagar pensiones entre los años 2001-2004. La práctica de Flores la continuó el ex presidente Saca, quien endeudó al Estado por casi 2,800 millones y decidió en el año 2006, con el apoyo de la bancada de ARENA y sus aliados en la Asamblea Legislativa, pedirle dinero prestado a las propias AFP (Fideicomiso) para pagar pensiones. El gobierno de Mauricio Funes y el FMLN, que heredó los problemas de sus antecesores se endeudó por 2,000 millones para pagar las pensiones. La deuda del Estado con las AFP ya ronda los 4,000 millones.

Quienes decidieron crear el sistema privado de pensiones sabían que el Estado no iba a cumplir con el pago de las pensiones y tendría que endeudarse. Y si no lo sabían cometieron un error difícil de explicar, pues era fácil prever lo que pasaría. Además, el Fideicomiso prácticamente eliminó el sistema de capitalización individual, pues implica utilizar el dinero de las cuentas individuales para pagar pensiones colectivas, con el agravante de que el Estado se endeuda de mala manera, pues debe pagarles ese dinero a las AFP, con intereses incluidos. Quienes defienden el sistema privado saben que ya no es un modelo de capitalización individual pero no lo dicen.

Como el Estado les paga a las AFP un interés de 1.3%, la rentabilidad de los fondos es muy pequeña y eso afecta a las personas cotizantes. Ese interés es bajo porque quienes aprobaron el Fideicomiso decidieron que el Estado les pagaría a las AFP un porcentaje que saldría de la suma de 0.75% y la tasa de interés internacional llamada LIBOR, que estaba en alrededor de 5% en el año 2006. Pero como desde entonces esa tasa de interés ha bajado mucho, a 0.55%, al sumarle el 0.75%, el interés que el gobierno les paga a las AFP es de 1.3%.

Los dirigentes de ARENA y los economistas de FUSADES, responsables de la privatización de las pensiones, se quejan del bajo interés que les paga el gobierno a las AFP, pero no dicen que eso se debe a las reglas creadas con el Fideicomiso que se aprobó con su apoyo durante el último gobierno de ARENA. En un documento titulado “Respondiendo a los desafíos fiscales en El Salvador”, elaborado por Álvaro Trigueros y publicado por FUSADES en agosto de 2007, se decía que “el déficit de pensiones no conduce a una crisis fiscal. Más bien la reforma (Fideicomiso) fortalece las finanzas públicas y la trayectoria actual de la deuda pública es favorable para el país”. Ni Trigueros, ni FUSADES recuerdan esos juicios tan entusiastas.

Hoy estamos ante un problema doble heredado de los gobiernos anteriores: un Estado muy endeudado y que tiene que pagar 400 millones anuales de pensiones y una población cotizante afectada por los bajos rendimientos de sus cotizaciones.

El Estado también se ve afectado porque le paga la pensión mínima a miles de personas que terminan sus fondos de cotizaciones en pocos años. Y eso se debe a que como los salarios en el país son tan bajos, los recursos acumulados de las cotizaciones no alcanzan para muchos años y una buena parte de la población jubilada debe recibir pensiones del Estado. Eso demuestra que la segunda promesa que se hizo con la privatización (retiro digno de la población trabajadora), resultó falsa. Se estima que el 90% de la población pensionada no recibe pensiones dignas. Por eso a la mayoría de las personas jubiladas se les agotan sus fondos y tienen que recibir la pensión mínima del Estado. Ni siquiera una persona que gane 1,000 dólares al mes (casi el doble del salario promedio del país) garantiza una pensión mínima durante 15 años, pues le tocarían 367 dólares al mes, que no alcanzan para mucho.

La tercera promesa, relativa a que las AFP financiarían la inversión para el desarrollo también fue falsa, pues el 85% del dinero lo tienen colocado en bonos del gobierno, o sea, lo destinan al pago de pensiones. Y lo cierto es que a las AFP no les importa a quiénes les prestan ni a qué intereses, pues ellas no ganan con los intereses, sino con la comisión que cobran. Por eso, entre otras cosas, la privatización fue tan perversa. Los dueños de la AFP no tienen interés en colocar los fondos a buenos intereses, pues no ganan con ellos. Les da lo mismo prestar a 1% que a 10%, al Estado o a una empresa privada. No se esfuerzan por hacer buen uso de los fondos, porque garantizan sus ganancias con la comisión que cobran.

  ¿El gobierno de Mauricio Funes y el FMLN tomó algunas medidas positivas relacionadas con el tema de la pensiones?

Sí. Aumentó la pensión mínima de 143 dólares al mes a 207 dólares, creó el programa de Pensión Básica Universal, que beneficia a más de 30,000 personas de bajos recursos que nunca cotizaron, y redujo a 17% la comisión que cobran las AFP para que aumente la cotización. Sin embargo, tuvo que seguir con el Fideicomiso heredado de la gestión anterior.

  La Sala de lo Constitucional acaba de decidir que el gobierno debe pagar más intereses por el Fideicomiso de pensiones. ¿Qué le parece esa decisión?

Es positiva para la población que cotiza, pero tiene un impacto negativo en las finanzas del gobierno, que tendrá que pagar más dinero por los préstamos que le hacen las AFP. No sabemos cuál será el interés que se pagará en lo adelante, pero como será mayor habrá más presión sobre las finanzas públicas. El propósito real de la Sala es afectar las finanzas del gobierno para que éste se vea en apuros económicos y no cumpla con su programa. ARENA, que generó el problema al privatizar el sistema, está feliz con la decisión de la Sala, pero no por el pequeño beneficio que tendría la población cotizante, sino porque el gobierno tendrá más problemas económicos. Lo que ARENA desea no es el beneficio para la gente, sino que el gobierno fracase. Y la Sala le ayuda con esa decisión y con otras que ha tomado para afectar las finanzas del gobierno: anulación del impuesto de 1% a las ventas brutas de las empresas que declaran pérdidas y no cierran, anulación del COTRAN, entre otras.

Si los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que coinciden siempre en sus resoluciones (algo muy raro), tuvieran interés por el estado de derecho en la ley, hubieran declarado inconstitucional el Fideicomiso que aprobó ARENA  en 2006 con el apoyo de la ANEP, de FUSADES y los demás instrumentos de lucha política que tiene ARENA, pues el mismo implica que el gobierno se endeuda con las AFP, y toda deuda pública debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa con un mínimo de 56 votos. Claro, los cuatro magistrados no se atreven a llegar tan lejos, pues saben que afectarían a cientos de miles de cotizantes y se les culparía del colapso definitivo del sistema sin que antes se le haya buscado una salida al problema. Lo que hicieron fue golpear al gobierno pero con plena conciencia de que el daño no es fatal. Aunque, insistimos, para las personas que cotizan es bueno que los intereses suban.

– ¿Y qué salidas hay frente a un sistema privatizado que fracasó?

Se necesita un acuerdo amplio que involucre al gobierno, a la población pensionada y a la cotizante, a las AFP y a otros sectores del país, para buscarle una solución a los principales problemas del sistema: la baja cobertura, las bajas pensiones y la estructura de financiamiento.

Pero hay que partir de que el principal problema de las pensiones no es el financiero, sino el de la cobertura, pues el 80% de la población laboral no cotiza. Para ampliar la cobertura el gobierno de Funes y el FMLN creó el Programa de Pensión Básica para personas mayores y en extrema pobreza. Ese programa debería tener más cobertura. También hay que incluir en la seguridad social a quienes laboran en las miles de micros y pequeñas empresas informales. Habría que hacer una labor de convencimiento en ese sector para que la gente que labora en dichas empresas destine una parte de sus ingresos para cotizar en el sistema público.

Hay que comenzar a incorporar al sistema a miles de personas que trabajan por cuenta propia. Una posibilidad para que coticen es que las personas que laboran pongan una parte de su salario para la cotización y que el gobierno aporte otra parte, pues las personas propietarias de esos negocios no tienen suficientes ingresos como para poner la contraparte. Para ello el gobierno tendría que conseguir el dinero mediante un impuesto específico, selectivo, a las personas más ricas del país. Eso sería lo justo, aunque ya sabemos que los acaudalados se resisten con tenacidad a toda medida que les afecte aunque sea un poquito. Ellos le demandan al gobierno que mejore la productividad de la mano de obra y que reduzca la delincuencia común, pero no quieren aportarle dinero al fisco.

También hay que incorporar en la seguridad social a las personas que trabajan en empresas formales y no están incluidas porque sus patronos no les dan contratos. Se necesita una ardua labor de supervisión sobre esas empresas violadoras de los derechos laborales.

Para mejorar las pensiones se deben elevar los salarios en el sector público y en el privado e igualar el salario entre hombres y mujeres en todos los sectores de la economía. A salarios bajos le corresponden pensiones bajas. El salario mínimo en el campo es el más pequeño y debería equiparase por lo menos al de las maquilas, que es el segundo más bajo. También hay que elevar la pensión mínima a 300 dólares, con promesa de un ajuste anual igual o un poco superior a la tasa de inflación.

Otra medida que se debería contemplar es volver al sistema público y eliminar el negocio privado de las AFP, que no sirve para mejorar las pensiones ni para darle rentabilidad a los fondos de las cotizaciones, sino para que esas empresas se ganen cerca de 20 millones de dólares anuales, ganancia que constituye una sustracción de recursos de los fondos de pensiones.

El gobierno de Funes y el FMLN le bajó de 21% a 17% la cantidad de dinero que se quedan de cada cotización, lo cual es positivo, pero las AFP siguen teniendo altas ganancias y no les interesa darle rentabilidad a los fondos que manejan. Igualmente se podría contemplar la creación de una AFP pública y modificar la ley para que las personas decidan donde cotizar sin importar sus edades.

Como el problema de las pensiones afecta las finanzas públicas, pues el gobierno se endeuda para asumir su pago, es necesario que el gobierno aumente sus ingresos mediante un mayor control de la evasión de impuestos de 1,500 millones anuales que hacen sectores importantes del empresariado nacional y extranjero. También se  debería hacer una profunda reforma fiscal, que le ponga más impuestos a quienes más ganan, a sus propiedades y a sus altas ganancias, y libere del pago de la renta a quienes reciben salarios mensuales de hasta 800 dólares, y en el caso de las mujeres hasta 1,000 dólares.

De esa manera el gobierno aumentaría sus ingresos y no tendría que echar manos de los fondos de pensiones. A su vez, la población trabajadora tendría más capacidad de consumo, lo cual ayudaría a dinamiza el mercado interno y a generar un mejor clima para la inversión, el crecimiento económico y el aumento del empleo y los ingresos públicos. Por supuesto, una reforma que cambie sustancialmente el carácter regresivo de la estructura tributaria solo es posible si la población la respalda y si la derecha se debilita en la Asamblea Legislativa.

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