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Orlando de Sola W.
Muy a pesar de la tripartita división del poder entre Legislativo, prostate Ejecutivo y Judicial que sugirió Charles Secondat, Barón de Montesquieu, hace tres siglos, toda democracia deviene en oligarquía. Así lo aseguró Robert Michels, discípulo del conocido sociólogo alemán Max Weber y autor, a principios del siglo XX, de la “Ley de Hierro de la Oligarquía”.
“Toda organización se vuelve oligárquica”, aseguró Michels, “porque el liderazgo anula la democracia”. “La organización es lo que da origen a la dominación de los elegidos sobre los electores, de los mandatarios sobre los mandantes, de los delegados sobre los delegadores. Quien dice organización, dice oligarquía”. Y preguntémonos, ¿qué sistema es independiente de sus organizaciones, instituciones y personas?
Esto lo venimos constatando desde la democracia ateniense, que duró 25 años, hace 25 siglos, hasta la República Democrática del Congo, donde una despiadada oligarquía viola los derechos humanos de una sufrida mezcla de pigmeos, bantúes y otras etnias africanas.
En El Salvador hablamos de democracia como si eso garantizara los derechos humanos y el poder del pueblo. No nos percatamos que nuestra incesante delegación de poder a estructuras intermedias, como los partidos y gremiales, transmite confianza y esperanza a personas que estas organizaciones designan para dirigir sus asuntos, que no siempre coinciden con la cosa pública, o los derechos humanos.
Los Ministros en el Ejecutivo, por ejemplo, son consejeros del Presidente, pero también representan facciones, o tendencias ideológicas cuya pretensión es dirigirnos, a menudo contra el bien común y la voluntad general.
Los Magistrados en el Órgano Judicial son vestigios de los cónsules, procónsules, pretores, ediles, tribunos y censores de la extinta república e imperio romano. Ejercen autoridad jurisdiccional, pero también interpretan, en la Sala de los Constitucional, la voluntad de los constituyentes de la guerra fría, modificada en 1991 para acomodar los acuerdos de paz, pero tambaleante por no haber examinado a fondo las raíces del conflicto, ahora expresado en otra forma.
Por eso preguntamos: ¿Será la voluntad de los constituyentes del pasado superior a los representantes de hoy?, o, ¿Serán mas creíbles y poderosos los Magistrados-intérpretes que los Diputados-representantes?, tomando en cuenta que ha cambiado la realidad, así como la voluntad de los salvadoreños.
Los Diputados creen que su función legislativa es mas importante que la representativa. Pero, igual que los Ministros y Magistrados, su obligación es representar al pueblo ante posibles amenazas internas y externas, incluyendo las del Ejecutivo y el Judicial, que a veces se precipitan, o se atrasan en interpretar leyes, olvidando que su tarea es representar al pueblo, con sus deseos y necesidades actuales, no las voluntades marchitas de un periodo histórico que ya pasó.
Los funcionarios de los tres poderes del estado tienen la obligación moral de proteger nuestro derecho a la vida, libertad y propiedad, no solo corporal, sino intelectual y sentimental. Pero no lo hacen porque el sistema y organización social no se los permite, ya que se basa en ventajas, favores y privilegios, que no son parte de la democracia, ni de la república, sino del mercantilismo.
