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Miércoles , 20 Septiembre 2017
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En El Salvador los hogares –el pueblo– pagan 25.9 ctvs. x dólar recibido y las empresas sólo 4.7 ctvs. x dólar de utilidades ¡Ya no más impuestos al pueblo!

Tomado de Carta Económica
www.cartaeconomica.com

En las últimas semanas, prescription el país se ha visto envuelto en debates sobre la pertinencia de la técnica tributaria con la que el Estado busca hacer frente a los problemas del país. Sin embargo, sovaldi el debate ha estado cargado de argumentos superficiales (y hasta hipócritas) sobre ahorro y austeridad. En este artículo, dividido en dos partes, se buscará abordar la problemática fiscal desde una perspectiva estructural que permita clarificar el diagnóstico y brinde insumos para la construcción de una reforma fiscal integral. En la próxima entrega se presentará una propuesta de política fiscal que resuelva problemas sociales como la delincuencia en El Salvador. Recuerde compartir su opinión sobre esta temática, ingresando a www.cartaeconomica.com.

Para comenzar, es necesario reconocer que la distribución del ingreso depende de la relación de fuerzas entre las grandes clases sociales más que a la técnica tributaria, como se explicaba en una columna anterior. Si el valor de la fuerza de trabajo, en condiciones sociales estables, se mantiene fijo, el capitalista podrá aumentar la proporción del valor apropiado aumentando la jornada de trabajo (como se intentó hacer en la reforma propuesta por los maquileros) o incrementando la intensidad del trabajo y así hacer que éste cree más valor que pueda ser adquirido por el capitalista, esto es lo que sucede en El Salvador, como lo veremos en la Tabla No. 1.

Una dinámica como la anterior necesita que cada vez más se vaya expandiendo el control que ejerce la clase capitalista sobre la riqueza generada anualmente por el trabajo (el excedente de valor generado). Esto es el proceso de acumulación capitalista, que se desarrolla, por tanto, con base a la explotación que la clase capitalista ejerce sobre la trabajadora, de modo que la dinámica de la economía capitalista implica ampliar la desigualdad en la distribución de rentas y, por lo tanto, ampliar la pobreza que en nuestro país se puede simplificar con el dato que el 80% de los hogares salvadoreños tienen un ingreso inferior a la Canasta Ampliada de Mercado, es decir, que viven entre la pobreza y la miseria.

Si se comprende el capital como una categoría social, que define una relación de propiedad privada de los medios de producción, es evidente que a medida que se expande el capital se profundiza una polarización en la estructura distributiva ya no sólo del ingresos, sino igual  de la riqueza, es así que se afirma que en el país existen 160 familias que tienen una riqueza acumulada de más de 21,000 millones de dólares, que les permite tener  subordinada a las grandes mayorías en condiciones de sumisión en su  poder económico y político.

El cuadro anterior muestra claramente la estructura de poder de clase determinado por la distribución anual del excedente. Para 2005, la participación de los salarios en la producción bruta fue del 25.4%. Según el VII Censo Económico, existían 175,178 empresas, cuyos 194,568 propietarios y socios participan con un excedente bruto de explotación del 74.2% del valor agregado, es decir,  que se apropiaron del 74.2% de la riqueza generada por el trabajo ese año; lo más grave es que únicamente 657 empresas se quedaron con el 40.9% de la riqueza total generada ese año. De este modo, los trabajadores recibían una remuneración promedio anual de 4,750 dólares (396 dólares mensuales), mientras las 657 grandes empresas y cada uno de sus 7,782 propietarios y socios, se apropiarían de 459,634 dólares anuales, en promedio.

De acuerdo a la tendencia del PIB y la masa salarial arrojada por las EHPM, la estructura de apropiación  de la riqueza anual generada en el país  (excedente), se mantiene en un 70% para empresas y 30% para el fondo salarial, o sea, el trabajo, esto durante los últimos 10 años de funcionamiento neoliberal de la economía salvadoreña. (Ver Tabla N0.1)

Esta estructura distributiva  tiene a su base un modelo de acumulación fundamentado en una economía terciarizada y liberalizada al comercio exterior, sin condiciones que tomen en cuenta las asimetrías de nuestra economías con la de los países desarrollados con las cuales tenemos sendos tratados (TLC), que además han llevado al país a ser controlado en sus ejes económicos estratégicos por empresas transnacionales, que pagan salarios de hambre y no pagan impuestos. Este modelo de acumulación se verá también reflejado en la técnica tributaria como expresión institucional de la pugna política entre clases. Las fuertes asimetrías de los países generan que, ante un régimen comercial más liberalizado, los países más rezagados productivamente, como El Salvador, verán que la tendencia de largo plazo es el encarecimiento de los costos laborales unitarios, esto es, una apreciación real de los términos de intercambio, producto esto, fundamentalmente, del nulo desarrollo de las fuerzas productivas, por ser economías basadas en la sobre explotación del trabajo. Esto profundiza el aumento de su déficit comercial.

El incremento del déficit genera la necesidad de divisas en la economía más rezagada que viene a ser resuelta a partir de los flujos de capital transnacional (deuda), ya sea en préstamos o a partir de la entrada de  inversión directa,  así  como de cartera, teniendo estas dos últimas exigencias de rentabilidad (altas tasas de ganancia) mayor a la requerida por la deuda adquirida vía préstamos. Además, los capitales que se movilizan hacia estos países   buscan niveles de rentabilidad mayor a la esperada en las economías más avanzadas y, por tanto, las características de estos capitales será rentista,   empresas transnacionales con menor respeto a los derechos laborales, sociales o ambientales y capitales financieros especulativos.

Este proceso en el caso de nuestro país, se llevó a cabo bajo una alianza estratégica, que llamamos  contrato social del capitalismo El Salvador, entre el capital transnacional y las burguesías locales, las que pasaron a dominar  sectores terciarios de la economía salvadoreña y controlaron el proceso de transición de la economía hacia una articulación de los circuitos transnacionales de acumulación, convirtiendo a El Salvador en un país exportador neto de capitales. El surgimiento del capital transnacional atrae a las clases capitalistas nacionales hacia el vórtice de la economía global. Este proceso ha generado una fuerte progresión en el proceso de centralización del capital.

De la burguesía local se pueden identificar 7 principales grupos de poder. Uno encabezado por el expresidente Antonio Saca, junto  algunos de sus personajes más cercanos como César Funes, Esteban Laínez, Julio Rank, Herbert Saca. Otro grupo, dirigido por los dueños de los medios, como Boris Eserski, Roberto Dutriz, Enrique Altamirano y en el que se articula también Francisco Callejas. Además otro que se encuentra alrededor del Grupo Poma, conducido por Ricardo Poma. Un cuarto grupo conformado por Eduardo Lemus O’Byrne, Ricardo Sagrera, Federico Coloradom Contrado, López Andreu y cercanos. Otro que se forma alrededor de las figuras de Ricardo Simán y Teófilo Simán;  así también el grupo articulado alrededor del expresidente Alfredo Cristiani. Un último grupo estaría conformado por empresarios como Roberto Murray Meza y Francisco de Sola (dentro de todos estos grupos se encuentran las 160 personas que tienen más de 21,000 millones de dólares de riqueza acumulada). Estos grupos mantienen, junto a las grandes empresas transnacionales, el control de la economía salvadoreña, y con ella, su política fiscal, esto como ya mencionamos en alianza con el poder económico dominante actualmente que es capital transnacional.

De manera ilustrativa, se puede mencionar la Ley de bancos, donde se permitían los préstamos relacionados, los traslados de sus empresas como matrices a otros países de la región, elusión y evasión y apropiación ilegal de sus empresas como matrices en otros países. Esto permitió a la burguesía oligárquica el saqueo de los recursos de sus ahorrantes y evitar pagar menos impuestos, así como la fuga masiva de capitales para el montaje de sus emporios económicos en el exterior a costa de la riqueza generada por el trabajo en El Salvador y los salvadoreños que están en otros países.

En el siguiente cuadro podemos observar la situación financiera de las principales empresas transnacionales de nuestro país. Es importante resaltar que estos conglomerados tienen la posibilidad de declarar bajos niveles de utilidad a partir de diferentes mecanismos de ingeniería contable, como la manipulación de precios de transferencia, el tránsito por paraísos fiscales o los convenios de doble tributación, que permiten ampliar la elusión y evasión fiscal, por lo que sus balances no reflejan la realidad de sus niveles de utilidad.

Para el 2013, las instituciones financieras reportaban más de 223 millones de dólares en utilidades cifras que parecen absurdas si se toma en cuenta que entre el 2006 y 2008 estas empresas hayan pagado más de 4,000 millones de dólares por estos conglomerados.

Esta es solo una muestra de la situación financiera de las 160 más grandes empresas de nuestro país, las cuales no reportan claramente sus ganancias y en algunos casos declaran pérdidas como es el caso de Telefónica de El Salvador que en 2010 y 2011 declaró 3.2 millones y 1.2 millones de pérdidas respectivamente según datos del Centro Nacional de Registros.

Esto ha permitido que no paguen los impuestos respectivos al fisco. Lejos de eso dichas empresas descapitalizan año tras año nuestro país y son un factor de contracción de inversión por los niveles de extracción de capital que hacen. Entre los años 2001 al 2014 el capital transnacional remitió a sus matrices $12,972 mil  millones, significa que en promedio anual descapitalizan más de $900 millones. Si a esto se le agrega la repatriación de la inversión extranjera, dicha repatriación para el mismo periodo fue de $3,555 mil millones, esta suma es mucho mayor a la IED en los diferentes sectores económicos.

Así, en un modelo de acumulación liderado por el gran capital transnacional y las burguesías nacionales aliadas, la recaudación fiscal recae principalmente en los ingresos de la clase trabajadora. En la estructura de los ingresos tributarios,  los impuestos directos que gravan renta y propiedad representaron apenas un promedio de 35.5% en los últimos 10 años. Mientras, los impuestos indirectos, que recaen sobre los hogares y dentro de éstos el pueblo, representaron en promedio 64.5% en el mismo periodo. Si a los impuestos indirectos agregamos la renta que paga la fuerza laboral asalariada, la contribución de los hogares es superior al 64.5% mencionado.

Como resultado de esta estructura tributaria, la tasa de fiscalidad de los trabajadores, que es el porcentaje de ingresos que se aporta al Estado por medio de los impuestos, es superior a la tasa de fiscalidad que paga el capital. En promedio, la parte de ingresos del fondo de salarios que se destina al pago de impuestos tributarios en los últimos 10 años ha rondado entre el 20.3% y el 29.4%; mientras que los impuestos pagados por las empresas, ha estado entre el 3.1% y el 4.7%, del excedente bruto de explotación. (Ver Tabla No.3)

En la misma tabla, se constata según datos oficiales del Ministerio de Hacienda, que es el trabajo el que mayor aporta a los ingresos tributarios del Estado ya que en promedio en los últimos 10 años han aportados el 80% de dichos ingresos, lo que se traduce en términos absolutos en más de $2,421 millones de tributación anual promedio. Mientras que el capital apenas aportó en promedio un 20% de los impuestos en dicho periodo, es decir, una tributación anual promedio de 553.7 millones, o sea, que el gran capital y las empresas en general han pagado los últimos 10 años, insuficientemente 22 centavos por cada dólar de impuestos recibidos de parte del Estado, a la par que los hogares y el pueblo han pagado 78 centavos por cada dólar de impuestos recibidos de parte del Estado.  Queda demostrado que dentro del sistema neoliberal, aquellos cuyos ingresos son menores, tienen más tasa impositiva; los que tienen más ingresos pagan menos, es por eso que decimos que no se debe seguir gravando a los hogares y la clase trabajadora, con todos esos impuestos indirectos que se tratan de imponer.

Es así que la parte de los ingresos de los hogares destinada al pago de impuestos, directos e indirectos, alcanza el 25.1% para 2014 y la parte de excedente bruto de explotación,  es decir, impuestos que pagan las empresas, apenas es el 4.1% de sus utilidades. Además, la tendencia permite establecer que no existen cambios estructurales que modifiquen las tasas de fiscalidad, ambas muestran coeficientes de variabilidad similares. Aquí se demuestra cómo la carga tributaria se encuentra sostenida por los ingresos de los hogares, que permite subsidiar las ganancias del capital, particularmente las grandes empresas de los conglomerados nacionales y las empresas transnacionales.

En la misma Tabla No.3, también se puede ver que  la fuerza laboral del país a la par que cada vez paga más impuestos, en el año 2005 tenía una fiscalidad del 20.3% mientras que en el año 2014 su fiscalidad fue de 25.1 (ver columna 5), simultáneamente la fuerza laboral sufre mayores tasas de explotación de parte del capital, así en la última columna de la misma Tabla No.3 vemos que la tasas de explotación en el año 2005 era de 3.1 y para el 2014 ésta sube a 4.1, lo cual quiere decir que la explotación se incrementó en un 35% en el período analizado y la tributación al trabajo se incrementó en un 24%. A parte de la injusticia que esta doble dinámica de explotación de la fuerza laboral representa, desde un punto de vista básico de la lógica de las economías, esto explica la falta de crecimiento económico, por tener una demanda interna sistemáticamente en proceso de deterioro. No es extraño que ahora estamos hablando de una deflación del 2% o más, si lo que tenemos es una economía estancada, pero el absurdo llega más  lejos al escuchar a autoridades del Estado, complacerse de la deflación, cuando esto es un síntoma de crisis tan perversa como lo puede ser una inflación de más de dos dígitos.

Por otra parte, este esquema de liberalizaciones y desregulaciones de mercados, al buscar reducir las capacidades del Estado, promueve los mecanismos de evasión y elusión fiscal para obtener altas tasas de rentabilidad. Esto, en la medida que son  las empresas las que mayor capacidad poseen para hacer uso de estos mecanismos. Los impuestos destinados al consumo, como el IVA o impuestos específicos son trasladados al consumidor, que no posee capacidad de evadir ese pago. Del mismo modo, la retención de la renta de las personas asalariadas tiene muy poco margen para evadirlo. Sin embargo, existen múltiples mecanismos de ingeniería contable para que las empresas evadan y eludan el pago tributario correspondiente, tanto de los impuestos indirectos retenidos, como de los correspondientes a sus utilidades.

Tal como se observa en la Tabla No.4, la defraudación al fisco es enorme año tras año, y es que solo para el 2014 dicho monto supera los dos mil millones de dólares. La evasión fiscal durante los últimos 13 años asciende a $22,341 millones, mientras que la elusión fiscal es de $5,259 millones en el mismo periodo. Los cuales en conjunto suman más de 27 mil millones de dólares.

En diversas ocasiones el Ministro de Hacienda ha declarado que son las grandes empresas las principales evasoras de impuestos y las principales deudoras, según el informe del Ministerio de Hacienda publicado en abril de este  año, la deuda al fisco, lo cual no incluye la evasión y elusión total, sino sólo aquella deuda reclamada judicialmente, era de $372 millones, de los cuales son los grandes empresarios los mayores deudores con más de 237 millones de dólares, o sea, el 95% de esa deuda producto de la evasión reclamada judicialmente viene de las grandes empresas.

Dichos mecanismos han contribuido a que en los últimos años la fortuna de los ultra ricos de nuestro país se haya incrementado en mil millones de dólares según la consultora Wealth-X, esta publicación destaca, como ya mencionamos, que en El Salvador existen 160 multimillonarios que tienen en sus manos más de 21 mil millones de dólares, es decir, que en promedio cada uno posee una fortuna de aproximadamente 131 millones de dólares.

Si la estructura de tributación no afronta el problema de la corrupción fiscal, el Estado estaría perdiendo más de 2.5 mil millones de dólares anuales, llegando a totalizar más de 13,182 millones de dólares en los próximos cinco años (Tabla No.4). De este monto, es necesario recordar que los hogares no tienen capacidad de evadir impuestos como el IVA, ya que se paga con el consumo, y lo que se refleja como evasión de IVA es una apropiación de las empresas que no trasladan el monto ya pagado por los consumidores hacia las cuentas públicas.

Queda demostrado que estos mecanismos contribuyen a que las empresas obtengan mayor rentabilidad,  lo cual amplía la brecha de desigualdad en nuestro país, mientras que las empresas obtienen grandes ganancias y pagan menos impuestos y si fuera poco utilizan diversos mecanismos para evadirlos, además que esta evasión y elusión les sirve para exportar capitales al exterior, lo que explica además la falta de inversión y la imposibilidad de sacar a la economía salvadoreña del estancamiento económico.

De ahí, que los discursos sobre austeridad estatal muestran una visión destinada a defender los intereses del gran capital para no corregir la evasión y la elusión fiscal, o sea es una visión malintencionada del problema fiscal del país. Diversos estudios muestran la ineficacia de los recortes estatales en la dinamización de las economías, así como lo ha demostrado la realidad de los programas de austeridad llevados a cabo en el sur de Europa. Si bien es cierto que es necesaria una reestructuración de la forma del gasto público, a fin de corresponder con las demandas históricas de la población, eso no implica una reducción del gasto total del Estado Salvadoreño, que tiene la obligación de satisfacer grandes déficit sociales de la población, así como proveer el desarrollo de la ciencia y tecnología y un entorno económico que permita procesos importantes de inversión para una mayor generación de empleo y riqueza. Del mismo modo, las demandas sobre la lucha contra la corrupción se encuentran incompletas si no se incluyen dentro de los casos corruptos, los más de 2 mil millones de evasión y elusión fiscal.

La política fiscal refleja la posición relativa de poder de clase. Un modelo económico fundamentado en la descapitalización de la economía por liberalización comercial y de inversiones, que busca aumentar competitividad a través de la disminución de costes laborales unitarios, genera estructuras tributarias tan dispares como su distribución primaria de las rentas.

Ante la problemática actual del país, es necesaria una política fiscal que incluya los retos de justicia tributaria, donde las mayorías populares no sean las benefactoras fiscales del capital. Este propósito requiere de una reforma fiscal, no solamente tributaria, donde se reconozca la lucha política detrás del manejo de la técnica fiscal y se tome el lado de las demandas históricas de la población, además debería ser de lógica básica, que si el Estado quiere atender la problemática de la delincuencia y las carencias mencionadas de la población, debe de buscar el dinero donde está, en el gran capital nacional e internacional, que como vimos tiene inmensas utilidades, sobre explota la fuerza laboral  y además tiene altas tasas de evasión y elusión fiscal.

La estrategia debe ser entonces corregir estructuras tributarias, que permiten y estimulan la evasión y elusión, sustituyendo esas estructuras con mejores mecanismos de fiscalización, en lugar de cargar más impuestos de carácter regresivo que recae en los hogares. A manera de ejemplo, un impuesto del 10% al consumo de la telefonía impactaría directamente en los hogares que pagarían cerca de 30 millones de dólares anuales por tributos adicionales. Esta medida no se puede estar justificando porque se pueden bajar las tarifas telefónicas, esto es un falso dilema, el  problema es que los hogares están ahorcados tributaria y salarialmente hablando, y sobre explotados, a la par que el gran capital tiene una fiscalidad ridícula, injusta, absurda y perversa.

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