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El expresidente Mauricio Funes catalogó de ridícula la vinculación de funcionarios de su gobierno con la tregua pactada entre pandilleros. Foto Diario Co Latino.

“El proceso de la tregua no tuvo autores intelectuales”: M. Funes

@Rosmeri Alfaro

“Exigir el juzgamiento de las altas autoridades del país por la tregua pactada por las pandillas, thumb no es más que un ataque político oportunista que desnaturaliza o puede llegar a desnaturalizar una investigación profesional e independiente a la que está obligada la Fiscalía General de la República (FGR)”, manifestó el periodista y ex presidente de la República Mauricio Funes ante las declaraciones de ARENA, entorno a las capturas que llevó a cabo la Policía Nacional Civil (PNC) por la tregua entre pandillas.

Un total de 21 órdenes de captura contra varios exfuncionarios, altos mandos policiales y personas particulares vinculados a este hecho, han sido giradas según la FGR, de las cuales 18 se han hecho efectivas, entre las que figuran tres miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, nueve empleados de la Dirección General de Centros Penales y un civil.

De acuerdo con la FGR, hay tres altos mandos policiales detenidos; entre ellos el comisionado Óscar Antonio Aguilar, el subinspector Juan Castillo y el inspector Luis Alonso Aguilar, quien era colaborador de Inteligencia en la PNC, según el director de dicha institución, Howard Cotto.

“No voy a pronunciarme sobre las detenciones porque es facultad de la FGR ordenarlas si considera que hay mérito para ello”, expresó Funes, “pero ¿por qué en algunos casos se les detienen y se les manda a las bartolinas policiales o se les decreta un arresto domiciliar y en otros casos se les juzga en libertad?”.

Según el ex mandatario, los detenidos podrían estar siendo investigados y procesados en libertad si lograran demostrar su arraigo familiar, laboral y que no hay peligro de fuga, como sucedió con los implicados en el caso CEL-ENEL que “nunca fueron a parar a las bartolinas policiales o un centro penitenciario” y tampoco enfrentaron el arresto domiciliar. “Ellos fueron procesados, juzgados en libertad y tuvieron solo algunas restricciones migratorias”, dijo. Dijo además “¿qué riesgo para la sociedad pueden representar los miembros de un consejo criminológico (sicólogas y abogados) por acusarles de haber alterado documentos y procedimientos para facilitar el traslado de pandilleros de un penal a otro como para estar detenidos en las bartolinas policiales?”, se preguntó Funes.

“No soy quien para juzgar las labores administrativas de la FGR, pero no es lo mismo decretar una orden de detención contra criminales acusados de asesinatos, extorsiones que contra funcionarios policiales de actos arbitrarios o de incumplimiento de deberes”, manifestó el expresidente durante su programa Sin Censura que transmite radio La Chévere.

Respecto a las exigencias de algunos dirigentes políticos y empresariales hacia la FGR para que establezca la identidad y responsabilidad judicial de lo que ellos llaman los autores intelectuales de la tregua y la investigación hacia las altas autoridades del gobierno anterior del área de seguridad pública incluyendo la presidencia de la república, respecto al caso, Funes manifestó que es una ridiculez pero sobre todo una actitud irresponsable por parte de quienes promueven esta situación.

“El proceso de la tregua no tuvo autores intelectuales, no existió una mente maquiavélica y criminal que fraguó, planeó y que puso en práctica una estrategia delictiva como algunos sectores –sobre todo de derecha- nos quieren hacer creer”, señaló.

Además, aseguró que su gobierno no negoció ni otorgó ningún beneficio a algún pandillero a cambio de una reducción en el número de homicidios o de otros hechos criminales.

De acuerdo con el ex presidente, la mejor muestra de que las autoridades del país no conocían de estos ilícitos, en caso hayan ocurrido, y menos que los hayan autorizado, es que una vez el ministro de seguridad tuvo conocimiento de la salida de dos cabecillas de pandillas de sus centros penales para asistir a un programa de televisión, de corte religioso, el directos de Centros Penales, en ese entonces Nelson Rauda, fue inmediatamente destituido por su “negligencia y arbitrariedad”. “No son las altas autoridades de seguridad pública las que tiene que dar cuenta de esta irregularidad, si ingresaron prostitutas en las visitas internas en los centros penales o hubo introducción de celulares y tabletas para los reclusos, entonces los directores de centros penales expliquen ¿de quién fue la negligencia o la tolerancia hacia la introducción de estos ilícitos, por qué deben ser las altas autoridades de un gobierno las que deban explicar y dar cuentas de acciones administrativas que no están dentro de sus responsabilidades?”, expresó.

Respecto al comunicado publicado por ARENA donde piden a la fiscalía que profundice y amplíe las investigaciones por la tregua entre pandillas a fin de establecer más implicados de los que hasta ahora han sido detenidos, Funes se preguntó si ese partido pedirá también sean investigados y procesados judicialmente los dirigentes y alcaldes de su partido, que durante el proceso electoral del 2014 se reunieron con pandilleros, algunos de los cuales, según él, ya enfrentaban órdenes de captura por delitos que estaba investigando la fiscalía en ese entonces.

“Casualmente los señores de ARENA se pronuncian en contra de la tregua y de los que llaman autores intelectuales, pero niegan los votos para el financiamiento de las medidas extraordinarias de seguridad por las que habían votado antes. No hay duda que la doble moral de ARENA se le sale hasta por los poros”, dijo.

Ante los argumentos de ARENA de que los 152 millones de dólares que el gobierno ha pedido sean aprobados para financiar los planes de seguridad pública deben ser manejados y fiscalizados por una entidad autónoma en la que participan representantes de la ANEP, entre otros, el expresidente afirmó que los fondos públicos constitucionalmente solo pueden ser administrados por el gobierno a través del Ministerio de Hacienda y la unidad a los que son asignados, por lo que señaló que, nadie más que al gobierno, al ministerio de hacienda y en este caso al ministerio de seguridad le corresponde la administración de esos fondos, de ser aprobados.

De nada ha servido haber alcanzado un consenso partidario como el de hace algunos días para aprobar las medidas extraordinarias, dijo, si a la hora de aprobar los recursos sin los cuales estas medidas no pueden implementarse a la brevedad posible, se niegan los votos.

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