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lunes , 25 septiembre 2017
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El Mozote: una deuda de la administración de justicia
Ovidio Mauricio González, director de tutela legal “María Julia Hernández”. Foto Diario Co Latino/Juan Carlos Villafranco

El Mozote: una deuda de la administración de justicia

@GloriaColatino

Ovidio Mauricio González, order director de  Tutela Legal “María Julia Hernández”  afirmó que judicialmente el Estado salvadoreño se encuentra en desacato por incumplimiento de la investigación y judicialización de los responsables en la masacre de El Mozote, que mandata la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Ningún fiscal se ha decidido a investigar esta masacre y otras, que han sido sentenciadas por la CIDH, y tampoco han realizado obras de desarrollo en los lugares donde ocurrieron las masacres, que corresponde como reparación a esos proyectos de vida que fueron truncados de forma violenta por el Estado en la década de los ochenta”, dijo.

La Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “María Julia Hernández”, realizaron el Foro “Estado Actual del Cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Masacre El Mozote y Lugares Aledaños” en el que participaron el Procurador de Derechos Humanos, David Morales y Eduardo García, director de Probúsqueda; así como, sobrevivientes de las masacres.

Marta Luna conoce de cerca el horror de las “guindas” (carreras) y las masacres en la zona rural del país.  En esa época contaba con 25 años de edad, cuando residía junto a su familia en Bolívar, La Montaña, un cantón cercano a La Quesera, departamento de Usulután.

“Antes no podía dar ni mi nombre por el miedo que me causaba pensar que podían encontrarnos; cuando ocurrió la masacre en La Quesera, la gente ya venía huyendo de la Fuerza Armada  de un cantón a otro y cuando llegamos a la -zacatera jaragüe- ahí vimos que mataron a un montón de gente y recuerdo que así quedaban los tronconcitos de la gente, que fueron quemados… todos quemados… eran grandes las llamaradas de fuego, de toda esa gente que solo quería salir a la carretera para salvarse, pero no pudo”, declaró.

Al preguntarle a Marta Luna que espera del Estado salvadoreño respondió “solo quiero que no vuelvan a suceder esas matanzas contra la gente inocente, ahora ya no tengo miedo… ya viví mi vida, tengo 59 años, pero solo queremos vivir en paz y justicia”, indicó.

Para el Procurador David Morales esta falta de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una revictimización a los afectados y sobrevivientes del conflicto armado.

“Ya desde el año 2000 la Sala de lo Constitucional de aquel entonces, estableció que la Ley de Amnistía no era aplicable a graves violaciones de derechos humanos, sin embargo, todos los fiscales que llegan hasta el actual (Luis Martínez) quienes conocieron el caso;  se han negado a cumplir con estas obligaciones jurídicas en  la Masacre El Mozote”, explicó.

Sobre las medidas de reparación, el Procurador Morales señaló que es la “justicia” uno de los principales aspectos a considerar para construir un Estado democrático y moderno.

“Sabemos que el actual Fiscal (Luis Martínez) en el Caso de El Mozote está tratando de ignorar toda la prueba histórica, la acumulación de pruebas científicas y testimoniales de más de 10 años, que está en el Juzgado de San Francisco Gotera, Morazán, y ha pretendido generar un proceso paralelo y en un gesto arbitrario intentó realizar unas exhumaciones, cuyo procedimiento fue inadecuado porque terminó atropellando a las víctimas, actualmente este proceso está suspendido y se abrirá el próximo noviembre”, manifestó.

Eduardo García, director de Probúsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos durante el Conflicto Armado consideró que dentro de la sentencia de la CIDH, lo más importante es el reconocimiento de lo ocurrido y que los sobrevivientes puedan expresarse sobre el atropello, desaparecimiento  y asesinatos, que sufrieron familiares y amigos para obtener justicia.

“La justicia comienza con la verdad y no hay otro camino. Cada vez que hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es porque hay ausencia de justicia en el país; entonces lo primero que tiene que hacer el órgano judicial es generar justicia interna para evitarse una sentencia internacional y dignificar a las víctimas. Porque estas sentencias son leyes del país”, puntualizó.

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