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domingo , 24 septiembre 2017
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El expresidente Flores y el doble estándar penal (III)

Jaime Edwin Martínez Ventura. Abogado

Jaime Edwin Martínez Ventura. Abogado

Jaime Edwin Martínez Ventura. Abogado

Sobre la declaración del expresidente Flores ante la Asamblea Legislativa, viagra en cada una de las coberturas periodísticas de los diarios indicados y en otros medios de comunicación masiva, online se omitió mencionar los hechos principales e inéditos: que dicho ex Presidente, viagra bajo juramento, confesó de manera extrajudicial pero ante una autoridad competente como es la Asamblea Legislativa, que recibió no sólo 10 millones de dólares, sino que fueron no menos de 15 o 20 millones, parte de los cuales obtuvo incluso antes de ser Presidente de la República, mediante un procedimiento y bajo una modalidad que a todas luces es absolutamente ilegal y posiblemente constitutiva de varios delitos, ya que tal como el mismo lo relató, ese dinero lo recibió de manera personal, no lo declaró ante ninguna institución estatal, y lo distribuyó según su discrecional arbitrio sin dejar registro alguno. Veamos textualmente lo que el expresidente Flores declaró ante las y los legisladores:

“Los fondos no tenían como fin el fisco ni ninguna institución gubernamental ya que tenían como propósito enfrentar los problemas presentados a Taiwán” (…) El Salvador tenía una relación privilegiada, en la cual El Salvador tenía dos formas de gestionar fondos, y en la que se incluía la forma directa de recibir los fondos para el  propósito gestionado (…) En mi carácter de presidente muchas veces gestioné cooperación taiwanesa para El Salvador y muchas veces esa ayuda vino de esta forma (…) Nunca gestioné ni recibí fondos de Taiwán para una cuenta pública, no los recibí dentro de ningún convenio de cooperación ni bajo ningún protocolo establecido, sino que los recibí de una persona que me lo entregaba a mí (…) En estas entregas de los fondos nunca participaba ningún funcionario, era una cuestión personal y privada y el embajador siempre me dijo ‘Aquí le envía el presidente de Taiwán’, nunca hubo ningún protocolo, todo fue informal (…) El proceso fue que yo pedía al presidente de Taiwán una cita por el embajador, esa cita significaba que yo viajaba a Taipei con una delegación que tenía una relación con Taiwán, recuerdo que la primera vez fueron alcaldes y otras personas que estaban gestionando  ayuda con Taiwán (…) Al final se daba una sesión personal entre el Presidente y yo sin presencia de nadie, en esa sesión, yo presenté los graves problemas que se tenían en el país. En todas las ocasiones que yo hice estas gestiones el Presidente me dijo que era un aporte entregado a mi persona para enfrentar los problemas(…) durante  los terremotos cambiábamos a efectivo el dinero y le entregábamos a los alcaldes en actos públicos un costalito de efectivo para enfrentar la crisis; el dinero lo prefería entregar en privado.”

Con esa joya de declaración extrajudicial, el actual Fiscal General de la República, Lic. Luis Martínez y los jueces o juezas correspondientes, tienen servido en bandeja de oro,  la oportunidad de pasar a la historia como el primer Fiscal General y los primeros jueces o juezas,  que procesan penalmente a un expresidente de la República por la comisión de varios posibles delitos, siendo el más claro el de Cohecho Impropio, el cual, según el artículo 331 del Código Penal, consiste en lo siguiente:  “El funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública, que por sí o por persona interpuesta, solicitare o recibiere una dádiva o cualquiera otra ventaja indebida o aceptare la promesa de una retribución de la misma naturaleza, para realizar un acto propio de sus funciones o por un acto ya realizado propio de su cargo, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial del cargo o empleo por igual tiempo.”

En este caso el expresidente Flores ha confesado que recibió personalmente del gobierno de Taiwán, no menos de 15 o 20 millones de dólares, de una forma indebida, ya que él mismo ha dicho que no presentó declaración alguna ante ninguna institución estatal y que fue como una dádiva a cambio de que El Salvador apoya la posición de Taiwán ante China continental; pero queriendo defenderse ha dicho que ese dinero no lo tomó para él, sino que lo entregó a diversos destinatarios para varias actividades gubernamentales como ayudar a las víctimas de los terremotos de 2001, del huracán Mitch, pagar informantes para combatir el secuestro o a las pandillas, etc.; pero todas esas actividades eran actos propios de sus funciones como Presidente de la República, y por lo tanto se configura el delito de Cohecho Impropio. Si una parte de esos millones los recibió cuando aún no era presidente, pero los entregó a funcionarios del gobierno de ese entonces y éstos los utilizaron para fines similares, incurriría en el delito de Cohecho Activo, que es cuando un particular entrega dinero a un funcionario para que realice actos propios de sus funciones; y los funcionarios que recibieron ese dinero cometieron el delito de Cohecho Impropio.

Estos delitos, probablemente en concurso con otros como Actos Arbitrarios e Incumplimiento de Deberes, derivados del procedimiento discrecional e indebido con el que supuestamente se distribuyeron los referidos millones de dólares, serían los únicos si es que se llega a comprobar, detalladamente, con los registros y documentos respectivos, que esos millones recibidos por Francisco Flores efectivamente fueron entregados para las actividades que él dijo ante la Asamblea Legislativa; pero con sólo una parte de esos millones que no pueda demostrarse que se entregó para los fines mencionados, surge la posibilidad de configurar otros delitos, entre ellos el de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Delitos que si bien son complejos, no son imposibles de probar, habida cuenta de que como dicen muchos especialistas en la persecución de delitos de cuello blanco y de crimen organizado: “El dinero siempre deja huella”.

El Fiscal General de la República solicitó a la Asamblea Legislativa la declaración que hizo el expresidente Flores y las que hicieron otros funcionarios de su anterior gobierno que, por cierto, le dieron la espalda y lo han dejado solo, declaraciones que están grabadas en audio y vídeo, por tanto constituyen indicios irrefutables que, a nuestro juicio, son suficientes para presentar de inmediato la acusación o denuncia correspondiente. Así como el Fiscal puede pasar a la historia como el primero que persiguió penalmente a un expresidente, puede pasar como el primero que teniendo en bandeja de plata una prueba indiciaria tan importante y contundente, decidió no perseguir o hacerlo de forma tardía bajo el pretexto de la coyuntura electoral actual, poniendo en riesgo la eficacia de las pruebas recabadas y a la postre dejar este caso en absoluta impunidad. El señor Fiscal General tiene en sus manos la oportunidad de demostrar mediante el procesamiento de este caso, la misma valentía y audacia que demostró en contra de las maras o pandillas, a quienes ha desafiado públicamente; ya es hora también de desafiar a la delincuencia de cuello blanco que de manera impune ha pululado en nuestro país.

Un comentario

  1. Salvador Shashte

    Ciertamente las declaraciones del expresidente Flores, son una confesión que conforme el famoso adagio: “a confesión de parte, relevo de prueba” debería obligar la actuación del ente perseguidor del estado. Es una lástima y una desgracia que las leyes de El Salvador dejen al arbitrio de algunos funcionarios, como el fiscal general de la república, la potestad de perseguir el delito, sin establecer responsabilidad para el funcionario que maliciosamente no actúa; a la fecha existen muchos ejemplos de estos malos funcionarios públicos que se han hecho del ojo pacho en la persecución del delito. Pienso que debería promoverse una reforma legal que obligase a la actuación y estableciese fuertes responsabilidades para tales funcionarios, caso de inacción o acción maliciosamente erronea.

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