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El Ministerio de Educación (MINED) presentó al Consejo Nacional de Educación el diagnóstico de la situación legal de los de centros educativos públicos, evidenciando la problemática histórica de la falta de legalización de los inmuebles a favor del Ministerio.
Hugo Higinio López, director nacional de asesoría jurídica del MINED, explicó que la situación impide las intervenciones en la infraestructura escolar, “el tema de infraestructura es una de las grandes limitantes que teníamos para intervenirlos. En el 2009 que nosotros llegamos encontramos un mil 663 inmuebles inscritos y tres mil 556 no inscritos”.
López agregó que “ahora ya tenemos tres mil 327 instituciones educativas inscritas, que representa un 52% y dos mil 960 todavía están pendiente de legalización, equivalente a un 48%”. Además, explicó que los propietarios de los terrenos son alcaldías, cooperativas, asociaciones, iglesias, entre otros, por lo que urgió la colaboración de estas instancias para poder avanzar en la construcción de ambientes apropiados para la niñez y juventud.
El funcionario manifestó que debido a esta problemática la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial Transitoria para la Legalización del Dominio de Inmuebles a favor del Estado, la cual permite establecer procedimientos para legalizar el dominio de los inmuebles y la inscripción en el Centro Nacional de Registro (CNR), a favor del MINED.
De igual forma, Maryxenia de Salazar, gerente de infraestructura del MINED, presentó los avances a la fecha y las acciones priorizadas a ejecutar en 2017 en materia de infraestructura y equipamiento escolar.
De Salazar informó que “durante el 2016 se realizaron intervenciones en 292 centros escolares a un costo de $13.5 millones, además se entregaron 18 mil 854 computadoras en 854 escuelas y 581 centros escolares han mejorado su sistema eléctrico”.
La gerente de Infraestructura del MINED comentó que para el 2017 se prevé que 664 escuelas sean intervenidas con obras de rehabilitación y reparación.
Durante la actual gestión, el MINED creó una Política de Infraestructura Educativa que establece que todas las construcciones y readecuaciones deben guiarse por un modelo de centro escolar integral, que contempla la generación de ambientes seguros y confortables para la comunidad educativa, con la finalidad de propiciar condiciones esenciales para una educación de calidad, con diseños funcionales, flexibles e inclusivos.
