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jueves , 14 diciembre 2017
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Derrame de melaza e impunidad ambiental

José Acosta

Junio, sovaldi mes del medio ambiente, se inauguró con un desastre ambiental, el derrame de una cantidad incalculable de melaza caliente sobre el Río Las Cañas, esto sucede a menos de un mes de otro percance similar ocasionado por el Ingenio La Magdalena en el municipio de Chalchuapa. Estos eventos se suman a un gran número de delitos ambientales que siguen en la impunidad.

En la madrugada del 12 de mayo de 1998, cien familias de la comunidad El Roble, en el municipio de Suchitoto, resultaron intoxicadas debido a que la empresa Almacenadora Agrícola e Industrial S.A intentó depositar en una fosa clandestina, 42 barriles conteniendo dimetoato, un peligroso veneno usado como insecticida en cultivos de algodón. El mismo año, en las bodegas desmanteladas de la empresa Agrogell, propiedad de Monsanto, en la colonia Brisas I, en San Miguel, fueron abandonados a la intemperie 92 barriles conteniendo un peligroso insecticida llamado toxafeno. 20 toneladas de esta misma sustancia fueron desechadas en la comunidad Lomas del Gallo, en el municipio de San Luis Talpa, ocasionando graves daños a la población.

Otro caso emblemático es lo que sucedió en la comunidad Sitio El Niño, en 1995 se instaló la fábrica Baterías de El Salvador importando grandes cantidades de baterías usadas y chatarra de plomo, para el reciclaje. En 2007 el Ministerio de Salud realizó un estudio en muestras de sangre tomadas a niños entre los 10 meses y 10 años, encontrando altos niveles de contaminación con plomo. Otras instituciones como La Universidad de El Salvador,  el CDC de Atlanta y la Agencia de Protección Ambiental EPA, demostraron la presencia de plomo en el suelo, aire y agua, muy por encima de lo permitido según las normas ambientales.

Todos estos delitos han quedado sin castigo, mientras la población y los ecosistemas sufren los impactos, los propietarios de las empresas contaminadoras disfrutan de su dinero en alguna parte del mundo, como si nada hubiera sucedido. Es indudable que ha habido corrupción y complicidad por parte del Estado; la empresa Baterías de El Salvador operó por tres años sin haber obtenido el permiso ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente no decretó el cierre de la fábrica a pesar que se demostró el delito de contaminación agravada. El Ministerio de Salud no ha brindado la debida atención a las personas que son víctimas de la contaminación, en ninguno de los casos la Fiscalía ha actuado con diligencia  y eficiencia para perseguir y probar los delitos ambientales, a pesar de las reiteradas denuncias y movilización de la población.

Es importante mencionar que en los casos de contaminación por plaguicidas y por plomo sucedieron durante gobiernos de ARENA quienes fueron tolerantes y cómplices en dichos procesos. A la gestión del FMLN le ha tocado asumir las consecuencias, una de ellas es el costo económico que conlleva la remoción de estos venenos, por ejemplo para retirar y destruir el toxafeno abandonado en San Luis Talpa, el Ministerio de Medio Ambiente pagó medio millón de dólares; varios cientos de miles de dólares también serán necesarios para retirar y tratar más de 30,000 toneladas de escoria de plomo que aún permanecen en la comunidad Sitio El Niño.

En lo que se refiere a la contaminación por derrame de melaza, el Ministerio de Medio Ambiente y Protección Civil parecen estar respondiendo de manera adecuada a la emergencia, no obstante, estas instituciones tienen la tarea de hacer más para prevenir este tipo de desastres, sin olvidar que está pendiente resarcir los daños a la población afectada, descontaminar los ecosistemas y poner tras las rejas a los que ocasionan delitos ambientales.

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