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Daniel Trujillo
Transparencia Activa
Los defensores del expresidente de la República, Elías Antonio Saca, le pidieron al Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador decretar la reserva del proceso judicial que se desarrolla en contra de su cliente por presuntos delitos de corrupción.
El motivo de esa petición: que se haría pública información sobre el uso de la partida de gastos reservados de la Presidencia de la República durante el gobierno del exmandatario (2004-2009) el cual, según los abogados, se utilizó para financiar trabajos de seguridad e inteligencia del Estado.
“Pedimos la reserva del caso, porque podrían revelarse secretos de Estado”, recalcó Luis Adalberto Palencia durante el primer día de la audiencia inicial.
Mientras, José Mario Machado, otro de sus abogados, explicó que el dinero por el que acusan a su cliente y a los exsecretarios Presidenciales Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, así como a tres empleados de Casa Presidencial, se destinó al pago del personal del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).
Los defensores añadieron que existía un control de los $246 millones por el que señalan de corrupción al expresidente Saca, debido a que había un reglamento de gastos reservados en ese entonces que normaba su administración. “Los controles de la Corte de Cuentas son informes limpios”, destacó Machado durante la defensa del exmandatario.
El expresidente Saca y los exfuncionarios del último gobierno de ARENA son procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, peculado y casos especiales de lavado de dinero en la administración de $246 millones de los fondos públicos.
La Fiscalía General de la República (FGR) explicó que tiene documentación suficiente para demostrar que el exjefe de Estado y sus exfuncionarios violaron la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, así como el manual técnico de administración financiera integrado en el manejo de los gastos reservados.
“Hay documentación financiera de Casa Presidencial, del Ministerio de Hacienda que prueban la apertura de cuentas y del crecimiento del dinero. Hay una desviación dolosa e ilícita de recursos del Estado”, afirmó el fiscal del caso en el segundo día de la audiencia inicial.
El representante fiscal añadió que la ilegalidad consiste en que las cuentas que administran recursos públicos deben estar a nombre de la institución y no de una persona, caso contrario al proceso que actualmente se realiza en contra de Saca y los exsecretarios presidenciales, ya que ellos utilizaron sus nombres para ello.
El proceso judicial pasó a la fase de instrucción y el exgobernante y los demás imputados guardan prisión en las bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, mientras se llega a la siguiente etapa, que está programa a realizarse dentro de seis meses.
La jueza Cuarto de Paz, Nelly Pozas, ordenó el embargo de las cuentas y de los bienes de todos los procesados, excepto de las que utilizan las empresas de Saca para el pago de salarios y demás derechos laborales de los trabajadores. La aplicadora de justicia no aceptó la petición de reserva del caso de la defensa.
