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El artículo 55, literal “c” de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres establece: “Quien realizare cualquiera de las siguientes conductas, Burlarse, desacreditar, degradar o aislar a las mujeres dentro de sus ámbitos de trabajo, educativo, comunitario, espacios de participación política o ciudadana, institucional u otro análogo como forma de expresión de discriminación de acuerdo a la presente ley, será sancionado con multa de dos a veinticinco salarios mínimos del comercio y servicio”.
El anterior, es uno de los artículos que según el Grupo Parlamentario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y la Secretaría Nacional de la Mujer del mismo partido, habría cometido el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime, cometió al expresar, peyorativamente, que la Presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña era “lengua larga”.
Y si bien la derecha política y académica aplaudió la expresión misógina de Belarmino Jaime, porque les pareció “jocosa”, a las mujeres del Frente y las defensoras de los derechos de la mujer no les cayó nada en gracia, por eso es que acudieron ante la Fiscalía General de la República.
El movimiento de mujeres acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer una demanda hacia el magistrado por las declaraciones “sexistas e irrespetuosas” que realizó, ya que para ellas este es un acto de violencia contra la mujer, un acto misógino.
La misoginia es una aversión, que puede ser patológica o no, hacia las mujeres.
Para las mujeres demandantes, y por ende, solidarias con la diputada presidenta, Lorena Peña, las declaraciones del magistrado Jaime pueden ser constitutivas de delito, lo cual es grave, tratándose de un magistrado de la Suprema Corte de Justicia.
Mientras, los representantes de las organizaciones de intelectuales de la derecha, léase IIDC, CEJ y FUSADES, justificaron las expresiones ofensivas contra la presidenta de la Asamblea Legislativa.
“A todos alguna vez se nos va una expresión de esa naturaleza”, justificó el representante del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional Sección El Salvador (IIDC), lo que demuestra también que para este profesional es “normal ofender a la mujer”.
Para estos grupos de derecha, las expresiones misóginas del magistrado Jaime, son parte de “los convencionalismos sociales”.
Sin lugar a dudas, tanto el magistrado como sus defensores, han violado la ley arriba citada, por lo que deberían tener la amonestación respectiva. El caso se agrava porque se trata de conocedores del derecho, y es más, aplicadores de esa leyes, lo que se convierte en un agravante.
