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viernes , 15 diciembre 2017
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COSTARRICENSES DEMANDAN UN ESTADO LAICO

Alberto Romero de Urbiztondo

El  2 de julio, nurse el Movimiento por un Estado Laico en Costa Rica, se pronunció en contra de la decisión del presidente Luis Guillermo Solís de continuar la negociación de un concordato o convenio entre Estados, con el Vaticano, que actualmente ya le confiere privilegios a la Iglesia Católica, como la enseñanza del catolicismo en centros de  educación pública, el financiamiento estatal para la jerarquía eclesiástica, exenciones de impuestos al clero católico y puestos de capellanes en las fuerzas policiales, así como participación privilegiada en asuntos gubernamentales, regalías de las que no disfrutan otras iglesias y organizaciones, lo que supone un trato discriminatorio.

Por ello, este Movimiento demanda que Costa Rica sea un Estado laico, para garantizar la democracia y la igualdad plena de la ciudadanía en un ámbito tan importante, como son las libertades de expresión, de asociación y de conciencia.

En nuestro país, aunque la Constitución no manifiesta explícitamente el carácter laico del Estado, en su articulado garantiza los principios de un Estado Laico: libertad de creencia y de pensamiento, democracia republicana (el poder del Estado viene del pueblo) y en la no discriminación por creencias o convicciones. Sin embargo, al igual que en Costa Rica, el Estado tiene firmado un Concordato con el Vaticano, que le  otorga a esta iglesia el derecho a desarrollar actividades de proselitismo religioso y culto en los cuarteles de la Policía Nacional Civil y de las Fuerzas Armadas, generando confusión entre Iglesia y Estado, perjudicial tanto para el Estado, al limitar su necesaria autonomía e independencia respecto a una iglesia determinada, como para esta institución religiosa, pues su presencia oficial, en estos cuerpos militares, supone un respaldo a sus actuaciones, que por su propia naturaleza implican el uso de la fuerza, la violencia y, en última instancia, de armas letales. Para  policías y militares genera también confusión sobre los principios con los que debe de actuar, mezclando la ley, producto del consenso social,  con  normas morales específicas de una religión, basadas en la revelación.

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