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@JoakinSalazar
Con la finalidad de exigir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se pronuncien por el caso de los cuatro militares en situación de retiro capturados por su vinculación en el asesinato de los padres Jesuitas y dos colaboradoras en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), nurse organizaciones sociales presentaron un escrito a la Corte en Pleno.
La Asociación de Niñas y Niños Desaparecidos (Pro Búsqueda), medicine La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Fundación Para El Debido Proceso (DPLF) son las organizaciones que demandan una pronta resolución por parte de la Corte en Pleno en caso de los militares requeridos por España.
Desde inicios de año, look cuatro militares de los 18 con orden de captura requeridos por la Audiencia Nacional de España, por el homicidio de los padres Jesuitas de nacionalidad española, guardan prisión provisional, mientras los 15 magistrados de la CSJ deciden su destino, para ser juzgados por España o ponerlos libertad.
Las tres organizaciones presentaron una solicitud “Amigos Curiae”, en la que exponen la necesidad de que el caso no quede en la impunidad, sino que se proceda a la extradición de los militares, con la finalidad de dar cumplimiento a tratados internacionales y dar justicia reparadora a las victimas.
“Estos no son asesinatos comunes, son considerados como asesinatos de Lesa Humanidad y en estos casos es el deber del Estado investigar y juzgar; sí el estado no lo va a hacer, está obligado a colaborar con los otros países que lo quieren hacer que es el caso actual”, explicó Abraham Abrego, de FESPAD.
Y es que a juicio de las organizaciones, El Salvador, principalmente el sistema judicial, no procesó el caso debidamente, por lo que actualmente la jurisdicción española lo está retomando. La obligación del Estado salvadoreño es apoyar esta investigación, opinó Ábrego.
“Estamos pidiendo que se extraditen 14 militares Implicados en el asesinato de seis Jesuitas y sus dos colaboradores en 1989, con este escrito que nosotros estamos comprobando que si existen que demuestra que la extradición debe proceder, por esa razón el estado salvadoreño y en particular la Corte Suprema de Justicia está obligada por diversos tratados en el que El Salvador ha firmado para cooperar con la justicia internacional y evitar la impunidad”, agregó Leonor Arteaga, representante de DPLF.
Arteaga explicó que argumentan en el escrito que existe un acuerdo entre España y El Salvador, que faculta a la extradición de personas salvadoreñas cuando estás son requeridas, y la justicia española lo requiera, dado que se aplica la jurisdicción universal.
“También es importante que sepan que si bien algunos de los implicados en este caso tuvieron un proceso hace muchos años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre el caso jesuitas, estableció que en ese juicio no se habían reunido todas las garantías del debido proceso, por tanto no existe cosa juzgada”, puntualizó Arteaga.
