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@JoakinSalazar
Bajo sus atribuciones como ente rector de la fiscalización de bienes y fondos públicos, la Corte de Cuentas de la República (CCR) admitió la denuncia interpuesta por el Movimiento de Acción Ciudadana, por lo que dará inicio a la realización de exámenes especiales o auditorías en las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que reciben fondos públicos.
A través de un comunicado, la Corte de Cuentas explicó que la medida es en cumplimiento de sus atribuciones establecidas en el artículo 195 de la Constitución de la República y el artículo tres de su Ley, en la que establece que tiene la facultad para auditar a todas aquellas entidades, que no siendo del sector público, reciban asignaciones de recursos Estatales. “Esta facultad legal permite auditar las transferencias realizadas a Organizaciones no Gubernamentales, receptoras de dichos fondos, en esta ocasión, a raíz de la denuncia sobre asignaciones presupuestarias a favor de varias ONG, y siguiendo el debido proceso; se admitió la denuncia recibida, lo cual fue notificado a las partes denunciantes y al área operativa de la Corte de Cuentas, a efecto de reprogramar las metas del Plan Anual de Auditoría y atender dicha denuncia”, establece la Corte.
De igual manera, explica que considerando los criterios de prioridad para realizar exámenes especiales a aquellas ONG que han recibido montos mayores a los cien mil dólares, se estaría auditando, en el primer semestre del año, aproximadamente el 90% de los casos denunciados, de los cuales ya se inició con la asignación de los equipos de trabajo respectivos.
Mientras que el 10% restante se incorporará en las auditorías del curso normal del Plan Anual del presente año, informó la Corte de Cuentas.
La denuncia, interpuesta meses atrás, busca que el Estado tenga un mayor control de los fondos entregados a las Organizaciones No Gubernamentales, dado que dichas entidades recibieron un promedio de $14 millones de dólares en 2016, sin que se controle en qué se utilizan los recursos de Estado.
Los demandantes, a través de un comunicado informaron que la decisión adoptada por las instancias y autoridades de la Corte de Cuentas de la República, aparte de constituirse en su responsabilidad legal, es una buena señal en el esfuerzo por hacer transparente el uso de los recursos públicos y así evitar su uso discrecional de los fondos del Estado.
