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Transparencia Activa
Recientemente se presentó el informe de evaluación que lleva a cabo el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESISIC), de la Organización de Estados Americanos (OEA), evento en el cual el organismo internacional no recomendó al país crear una Comisión Internacional Contra la Corrupción (CICIES), similar a la de Guatemala, al tiempo que reconoció los avances que El Salvador ha tenido en la lucha contra los delitos de cuello blanco.
Asimismo reconoce la modernización del sistema de compras públicas, al igual que el proyecto de ley de la Función Pública, iniciativas que ha sido propuestas por el órgano Ejecutivo, y que puede ser aplicable a todos los servidores públicos de la administración del Estado.
Los representantes del MESISIC también reconocen el trabajo que realiza el Tribunal de Ética Gubernamental, la Corte de Cuentas de la República y a la Secretaría de Participación Transparencia y Anticorrupción (SPTA), debido a que estas instituciones reciben denuncias de forma anónima sobre malos procedimientos de funcionarios.
También evalúa bien como una fortaleza las normativas como la Ley de Extinción de Dominio y Ley de Lavado de Dinero y Activos, que le ha permitido al Estado recuperar todos aquellos bienes o fortunas malversadas.
Entre las recomendaciones del MESICIC están el fortalecimiento del TEG y del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), también propone que la Unidad Adquisiciones y Contrataciones (UNAC) del Ministerio de Hacienda tenga su propia Unidad de Acceso a la Información Pública y que rinda cuentas.
El informe que presentó El Salvador fue aprobado de forma unánime por la Secretaría Técnica del organismo internacional. Además reconocen que la Ley de Acceso a la Información Pública de El Salvador es un ejemplo.
El director de la Oficina de fortalecimiento al Control y Auditoria Interna (OFCIA) de la SPTA, Manuel Cruz, dijo que esta evaluación es muy importante para el país, porque es un documento que le sirve a los organismos financieros e inversionistas para conocer qué tan normado está el país para prevenir la corrupción en las instituciones públicas.
