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jueves , 23 noviembre 2017
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Constitucionalistas advierten avance de dictadura judicial
Integrantes de la recién creada Asociación de Constitucionalistas de El Salvador (ACOESSV) acusaron a la Sala de lo Constitucional de imponer en el país una dictadura judicial. Foto Diario Co Latino/ Archivo.

Constitucionalistas advierten avance de dictadura judicial

Mirna Jiménez
Diario Colatino

Integrantes de la recién creada Asociación de Constitucionalistas de El Salvador (ACOESSV) acusaron a la Sala de lo Constitucional de imponer en el país una dictadura judicial, que cada día adquiere más gravedad al emitir resoluciones con un claro sesgo político que contradice sus principales argumentos en los que basa sus fallos.
Los abogados constitucionalistas señalan que los integrantes de la Sala, en especial los titulares Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Rodolfo González y Sidney Blanco, tomaron decisiones sistemáticas y reiteradas destituyendo funcionarios por simpatizar con una expresión política, violando de esa manera los derechos constitucionales establecidos.
“La construcción teórica de lo que se da en llamar dictadura judicial o Gobierno de los jueces, tiene que ver con la intervención judicial en las otras facultades o funciones de los otros dos órganos del Estado. No es un planteamiento teórico nuestro, los teóricos del derecho lo plantean. Existe la posibilidad de que en el país se esté instaurando una dictadura judicial”, manifestó Saúl Baños, vicepresidente de ACOESSV.
“Es a través de la interpretación constitucional que se hace en donde no se toman en consideración las distintas doctrinas jurídicas que nutren el derecho constitucional, la jurisprudencia que antecede la resolución y también los distintos planteamientos que demandantes hacen a la Sala de lo Constitucional, ese conjunto de resoluciones podría volverse en una dictadura judicial, porque hay una intromisión en facultades de otros órganos”, afirmó Baños, en entrevista con Canal 10.
El abogado dijo que con esta Sala de lo Constitucional se han emitido algunas resoluciones en donde hay una invasión reiterada de las facultades legislativas.
Señaló que en anteriores composiciones de la sala de lo constitucional, esta funcionaba como una especie de departamento jurídico del partido ARENA, donde había una inacción evidente y los recursos presentados contra el Estado en la mayoría de casos nunca eran resueltos.
Baños puso como ejemplo palpable la suspensión del magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ulises Rivas, por supuesta afinidad al partido FMLN sin que exista un nexo orgánico oficial como sería la afiliación partidaria.
“Se le ha quitado del cargo por razón de la ideología, algo que es inherente a la persona humana, nadie puede desprenderse de su ideología”, explicó.
Señaló que las pruebas por las que se toma dicha decisión en contra del magistrado son muy débiles en comparación con otros dos integrantes del TSE como la misma suplente de Rivas, Sonia Liévano, hermana de Mirna Liévano de Márquez, ex ministra de planificación durante la administración de Alfredo Cristiani, quien también fungió como presidente del partido ARENA.
También es evidente la huella partidaria del magistrado Fernando Argüello Tellez, con el partido ARENA, en ese caso la Sala de lo Constitucional no ha procedido, dijo el abogado.
“Tiene más elementos y antecedentes de pertenecer a un partido político, por el cuál fue propuesto (ARENA), en comparación con el magistrado Rivas”, dijo Baños, respecto al magistrado Argüello Téllez, quien fue funcionario del Ministerio de Trabajo y luego de la SIGET, cuando fungió como titular en ambos casos Jorge Isidoro Nieto, en tiempos del partido ARENA. Fátima Huezo, integrante de la organización, manifestó que conquistar los derechos políticos le ha “costado sangre” a la ciudadanía y que no es posible que “de manera unilateral se quieran vedar”.
Recordó además que algunas resoluciones de dicha sala, como el bloqueo a la emisión de 900 millones de dólares en bonos que el Gobierno había solicitado para cumplir compromisos financieros, para financiar proyectos y programas sociales, han impactado directamente a segmentos de la población a quienes se les está violando esos derechos.

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