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Antonieta Ramírez*
En nuestro país, constantemente se apela al diálogo como el ideal de práctica política que permite llegar a entendimientos y consensos. Sin embargo, estos entendimientos únicamente son considerados válidos si no transgreden los márgenes del orden social existente, es decir, si no se trastocan las desigualdades de clase, sexo-genéricas y raciales bajo las cuales vivimos. De manera que, todo acuerdo para llegar a ser pactado debe ceñirse, implícitamente, a la lógica neoliberal y conservadora que sustenta el ordenamiento social en el cual habitamos. Siendo así, no es extraño que quienes más defienden el diálogo y el consenso bajo estos términos, sean los tanques de pensamiento, las gremiales empresariales y los partidos políticos.
Precisamente, en el seno de la Asamblea Legislativa ha surgido un caso emblemático que ejemplifica muy bien esta cuestión. El pasado miércoles 14 de junio los partidos políticos de derecha presentaron una propuesta de Ley de Agua cuya finalidad es crear un ente rector denominado ‘Autoridad Hídrica’ que administraría la totalidad del acceso al vital líquido en el país. Dicho ente estaría compuesto por dos representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), dos representantes de la Corporación de Municipalidades (COMURES) –cuyo carácter jurídico es privado– y un representante del gobierno, quienes ocuparían los cargos durante siete años. La desproporción en la cantidad de miembros pertenecientes al sector privado es una clara muestra de la intención de lucro que conlleva tal propuesta y de su parcialidad. Sin embargo, la derecha legislativa ha justificado su iniciativa de ley como un documento elaborado bajo criterios ‘técnicos’ y ‘no políticos’. Incluso la fracción legislativa del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) publicó mediante un tuit una afirmación del diputado Jhonny Wright que decía: “Esta es una propuesta que demuestra que en El Salvador sí podemos llegar a consensos y a tener una sola visión de país” (énfasis nuestro).
Ahora bien ¿de cuáles consensos están hablando? Contra lo que ingenuamente podría entenderse, el mencionado anteproyecto de ley fue elaborado a espaldas de las organizaciones sociales, ambientalistas y comunitarias. Esas mismas organizaciones que tienen un largo precedente en la lucha por una legislación justa, ecológica y equitativa del agua –como fue patente en la reciente prohibición de la minería metálica en el país– y cuya propuesta se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. Simplemente no se puede justificar la propuesta de la derecha más que como una intención deliberada por privatizar el agua, presentando como un beneficio común lo que es un beneficio privado.
Pese al evidente sesgo económico de este anteproyecto de ley, sus principales impulsores arguyen que él mismo es el resultado de un consenso sustentado en criterios técnicos. De modo que, al argüir que la propuesta de ley fue elaborada por expertos-técnicos en la materia, lo que buscan es desvincularse de cualquier crítica o señalamiento de su carácter político y parcial. Precisamente, porque el recurso a la técnica es útil en la medida en que ésta se plantea de manera cientificista y neutral, y por ende, incontaminada de todo rastro ideológico o conflictivo. En ese sentido, el importante papel del Foro del Agua, al denunciar las consecuencias que una posible privatización conllevaría y movilizarse en contra de ello, permite explicitar el carácter conflictivo, exclusor y desigual de la ley.
De ahí que, es clave deslegitimar el discurso consensual y tecnocrático de la derecha, mostrando que –en toda situación que involucre derechos humanos y bienes que deben ser públicos– no hay acción en la cual esté ausente la política. Pues lo político se define, precisamente, por la existencia de múltiples alternativas en conflicto y no por la existencia de un consenso absoluto. Por consiguiente, lo que está en juego en esta coyuntura es la forma misma de la práctica política, la cual se debate entre la derecha neoliberal, que pretende imponer desde arriba la privatización de un bien común bajo la apariencia de un acuerdo consensuado y neutral, y la exigencia de las comunidades y de las organizaciones sociales de garantizar el acceso al agua como un derecho de todas y todos, resultado de una lucha.
En suma, este es un momento oportuno para revitalizar la política desde abajo, demostrando que el orden neoliberal –y en este caso la continuidad de sus políticas privatizadoras– se nos impone de manera vertical. Pues en la medida en que leyes como ésta se producen desde altas esferas de poder que escapan a nuestro alcance difícilmente podemos afirmar que vivimos en una sociedad democrática. En todo caso, se trata también de disputar el sentido de la política, incluyendo el conflicto y la denuncia de desigualdades como parte inherente de ésta. Pues de ningún modo, la política se puede seguir limitando a la mera administración y gestión de lo existente.
* Maestra en Sociología. FLACSO, Ecuador.
