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CONFUSIÓN DE LA PROCURADORA DE DERECHOS HUMANOS

Fidelina Martínez Castro

Evidentemente la señora procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de la República sigue confundida, su perspectiva de lo institucional-público lo transversaliza con sus particulares creencias religiosas al autorizar un culto religioso el día 15 del corriente mes y año.

Cualquier persona que ejerza como funcionaria pública, debe saber que en una República Democrática (y la nuestra lo es, lo dice el Inc. 1º del Art. 85 de nuestra Constitución), el poder soberano es de toda la población, que es diversa (Art. 86 Cn.), entonces es irrespetuoso e ilegal quererles imponer una determinada adoración religiosa.

La procuradora, como toda la ciudadanía, tiene el derecho de practicar la religión que quiera, es un derecho constitucional que legítima y legalmente se da en nuestro país por ser un Estado laico, que no tiene compromiso alguno con una religión determinada y que su único compromiso es garantizar la libertad de las personas de tener o no tener una religión.

Señora procuradora, los cultos de alabanza no son funciones de una institución republicana que es sostenida con fondos estatales, obtenidos de los diversos impuestos de la población, que son diferentes en sus creencias.

En nuestro país hay diversidad de iglesias y en ellas (como una actividad de fervor religioso), las personas que lo consideren adecuado según su conciencia y su práctica privada, tienen la libertad, gracias a que nuestro Estado es laico, de dedicarles el tiempo y el esfuerzo que consideren conveniente.

La persona funcionaria no puede ni debe creer que por ejercer como tal función, puede disponer del tiempo, de los recursos y de la imagen pública como patrimonio personal, sus acciones y decisiones deben estar orientadas al bien común de toda la población sin ningún tipo de discriminación, por ello somos República (Cosa Pública).

Por favor, señora procuradora, comprenda que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no es una prolongación de su espacio privado y/o doméstico, es una institución pública al servicio de todas las personas que, sin ninguna duda, son poseedoras de los derechos adherentes a su ser, los Derechos Humanos.

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