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Sidney Blanco, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Foto Diario Co Latino / Juan Carlos Villafranco.

Combate a la delincuencia fue el justificante para emisión de cheques de Charlaix: Sídney Blanco

@JoakinSalazar

¿Repugnancia e indignación?. La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sacado a la luz uno de los casos más emblemáticos de corrupción de un Gobierno de ARENA, con el ex secretario de la Presidencia de Elías Antonio Saca,  Elmer Charlaix, quien no pudo justificar más de $18 millones de dólares.

El magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sídney Blanco, afirmó que la corte en pleno se mostró con mucha repugnancia al conocer el caso de Charlaix, puesto que había utilizado su cargo para emitir cheques a personas particulares, con fondos del Estado, entre estos ARENA, que recibió $400 mil dólares.

Ante esta situación, la Corte en Pleno confirmó el embargo de al menos tres bienes inmuebles y tres cuentas bancarias, esto como medida de prevención, mientras la cámara Primero de lo Civil, resuelva sobre el caso e informa a la Fiscalía para que se presente al caso.

“La Ley de Enriquecimiento ilícito autoriza a la Corte, para que después de declarar la existencia, se proceda a ser embargos y anotaciones preventivas e incluso anotaciones preventivas e inmovilización de cuentas bancarias”, dijo esta mañana, el magistrado.

Asimismo, explicó que fue a través de las políticas de seguridad que se escondió el desvío de fondos, presumiblemente para que sea utilizado para el combate de la criminalidad que azota el país, sin embargo, los fondos iban destinados a personas y entidades que no tenían nada que ver con la seguridad, en ese momento (2004- 2009).

“A Charlaix y el ex presidente Saca se les han encontrado cantidades exorbitantes de dinero, lo que causó repugnancia a los magistrados, que la corte en pleno votó para que se procediera la investigación”, dijo Blanco, en una entrevista matutina.

Según el Magistrado, Charlaix justificó que estaba autorizado para administrar cuentas bancarias de Casa Presidencial, por lo que recibía un sueldo de cinco mil dólares, los cheques fueron librados a favor de personas naturales o jurídicas que no tenían relación con el objetivo planteado que era el combate a la criminalidad.

Los cheques emitidos fueron:  al ex mandatario Saca con15,056,249.000; Pablo Gómez $1,983,421; Julio Roberto Zamora Bolaños $1,166,665; Francisco Rodríguez $570,515; Julio Rank $497,406.36; Partido ARENA $400,000; César Reyes Dheming $87,571.98; José Antonio Salaverría $49,443.62; César Funes $45,000.

Es de recordar que la Sala de lo Constitucional se negaba a investigar a funcionarios de Gobiernos de ARENA del expresidente Saca hacia atrás, pues, su interés era el expresidente Mauricio Funes y algunos de sus funcionarios, cuyos montos, por cierto, no llegan al millón de dólares.

Sobre los demás casos de corrupción en la Sección de Probidad, el Magistrado dijo que se continúa con la investigación, sin embargo, no aclaró sobre el caso de Francisco Flores, que presuntamente ha sido admitido por los magistrados de la Corte en Pleno.

Ataques a la Sala

En otro tema, el Magistrado de la Sala de lo Constitucional reiteró la condena de los presuntos ataques hacia la Sala, los cuales afirma se encrudecieron con las sentencias emitidas de los $900 mil dólares, Ley de Amnistía y los diputados suplentes.

El magistrado blanco destacó el rol de los ciudadanos que acuden a la Sala con los recursos, pero despreció a los ciudadanos que han criticado a la Sala por las resoluciones.

Sobre los ciudadanos de las comunidades que han protestado contra la Sala, Blanco dijo que son utilizadas, con la entrega de refrigerio, y que protestan por “un plato de comida”. “Los ataques a la Sala se han recrudecido, hay manifestaciones todos los días, les dan su refrigerio luego se van”, dijo Blanco.

El magistrado omitió que la mayoría de las acciones realizadas por los magistrados, desde la Sala de lo Constitucional, han generado ambiente de incertidumbre en la población que se ha visto desde el año 2009 beneficiada con los programas sociales, que ahora corren riesgo ante el bloqueo económico que mantiene la derecha oligárquica salvadoreña, apoyada con las sentencias de la Sala.

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