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@JoakinSalazar
Con la finalidad de garantizar la atención integral para los lisiados y discapacitados a consecuencia del Conflicto Armado, independientemente donde se encuentren, la Dirección General de Centros Penales (DGCP) firmó un convenio de cooperación que permitirá darle atención a privados de libertad que participaron en la guerra civil de los años 80, que en el sistema penitenciario son 120.
El convenio fue firmado entre el director general de Penales Orlando Molina Ríos y la presidenta del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado (FOPROLYD) Irma Amaya, quién afirmó que este acuerdo busca garantizar una plena reinserción y rehabilitación del privado de libertad.
“El objeto de este convenio es la rehabilitación y el tema de que se les puedan cumplir sus derechos, cuando abordamos el tema de la rehabilitación nos referimos a que nuestros beneficiarios, que en promedio son 120, que están en el sistema penitenciario y de esto 60 de estos en situación de abandono de sus familiares”, dijo Amaya, tras firmar el convenio.
Según la Presidenta, este convenio va a facilitar el trabajo de FOPROLYD, “porque sin este, las vueltas que se dan son grandes y el afectado son los beneficiarios, la mayor parte de nuestra población beneficiaria son familias de escasos recursos, y en este caso el Estado con Fondos del Estado se garantiza el cumplimiento de derechos”, dijo.
Mientras que el Director de Centros Penales enfatizó que este es un convenio surgió a raíz de la posibilidad de generar un apoyo directo, para las personas que estuvieron vinculadas al conflicto armado y que en cierta manera habían estado desprotegidos, muchos de estos vienen a ser privados de libertad que están en el sistema penal.
“El convenio busca orientas las distintas formas y mecanismos para poder llegar de parte de FOPROLYD hacia nosotros como Penales esa ayuda que brindan en ese sentido con lo que estamos haciendo es generando mecanismos para que puedan beneficiarse a estas personas”, dijo Molina Ríos.
De acuerdo a las partes, con este convenio se nombraran enlaces institucionales para el seguimiento en la ejecución, que será por un lapso de dos años de vigencia.
La Dirección de Centros Penales se compromete en permitir el traslado de privados de libertad cuando sea necesaria una evaluación o consulta médica relacionada a la lesión obtenida en el conflicto armado. Igualmente en relación a la prótesis y la obtención de documentos de identidad, siempre y cuando esto no contravenga lo establecido dentro del Reglamento de la Ley Penitenciaria.
