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José M. Tojeira
Cuando una empresa grande tiene problemas laborales, la mayoría de los medios de comunicación silencian el problema. Se trata de empresas que dan jugosas cantidades de propaganda a periódicos y cadenas de radio o televisión. Sólo los medios pequeños se atreven a informar o a decir algo. Otra es la situación si la empresa grande, sea comercial o de otro tipo, está catalogada como afín a la crítica o a la justicia social. Entonces los problemas se agrandan en los medios, independientemente del tamaño o de la misma realidad de la situación. El caso del escalafón en el ministerio de salud, que debería ser legalmente revisado y probablemente cambiado, se ha convertido en un problema político en el que se exacerban pasiones y confrontaciones. Aumentos salariales sistemáticos del 8% anual en una economía dolarizada, y con médicos que legalmente pueden seguir trabajando aun después de jubilarse, no tienen sentido. Es difícil encontrar parangón al absurdo de mantener cirujanos que sobrepasan los 80 años, trabajando y con el respectivo aumento anual. La ley que se dio en tiempos de una moneda sujeta a inflación permanente, debe cambiarse cuando se cambia también la moneda y se decide el estado por una denominación, el dólar, sujeta a una inflación mucho menor que la del colón.
Mientras que con el escalafón corren ríos de tinta sin que ninguna de las partes llegue a un arreglo legal convincente al par que necesario, en el campo de los derechos laborales se siguen dando lagunas informativas importantes. El caso de Avianca, la línea aérea que absorbió a TACA hace pocos años, es significativo. Varios de sus trabajadores han sido despedidos sin que se le quiera reconocer sus derechos laborales. Probablemente mal asesorada por el típico profesional dispuesto a recortar beneficios del trabajador, la empresa se niega a reconocer prestaciones y a incluir las horas extras en el cálculo de las prestaciones de varios de sus trabajadores recientemente despedidos. A pesar de que en algunos casos la empresa fue condenada judicialmente, el truco es apelar y desesperar al trabajador con la lentitud del sistema judicial, para conseguir arreglos lo más favorables al empleador. Varios de estos trabajadores tenían cuatro horas extras, horas extras nocturnas, e incluso habían sido ascendidos en su trabajo. Varios de los trabajadores llevaban trabajando en la empresa durante más de diez años y habían sido ascendidos varias veces por su efectividad y capacidad laboral.
La negativa del Estado a buscar soluciones legales cuando una ley, como la del escalafón, amerita cambios, es inmediatamente origen de problemas. Pero lo mismo pasa cuando una empresa poderosa regatea los derechos del trabajador. Y Avianca está en esa situación, poniendo en mal a un tipo de inversión que, precisamente por ser latinoamericana debería estar más abierta y ser más responsable con la legislación laboral del país y con los mismos trabajadores salvadoreños. Aunque la mayoría de las empresas grandes salvadoreñas han ido desarrollando una mayor conciencia social y dan un trato más adecuado a sus trabajadores, quedan entre los figurones de la patronal algunos individuos que con su defensa a ultranza del egoísmo económico favorecen las condiciones para que algunas empresas caigan en este tipo de abusos y contradicciones. Tener buenos trabajadores, según consta en el historial, y despedirlos sin corresponder adecuadamente a sus derechos, no puede ser considerado correcto.
Como tampoco es correcto que el propio sistema judicial, después de reinstalar a un grupo de trabajadores injustamente despedidos de un juzgado, les niegue su derecho a recibir el salario de los meses que estuvieron sin trabajar a causa del despido reconocido posteriormente como injusto. Es cierto que si se siguen pautas constitucionales, a la jueza que despidió injustamente a los trabajadores le correspondería pagar la indemnización de los meses que los trabajadores estuvieron sin salario. Pero también dice la Constitución que el Estado debe ser subsidiario cuando el juez no puede indemnizar, dado su salario o su patrimonio. Lo que no se puede es tener a los trabajadores adeudándoles eternamente más de 20 meses de salarios no cobrados. Que la culpa de esto sea del sistema judicial en su conjunto es simple y sencillamente una vergüenza. Y es además un abuso intolerable que el mismo sistema judicial recurra a esa estrategia ilegal, de dejar correr el tiempo para ver si los trabajadores, en este caso además gente de bajos salarios, se desesperan.
El mundo del trabajo y de las relaciones entre capital y trabajo requieren todavía en El Salvador mucho diálogo y probablemente mucha receptividad y paciencia a lo largo de las conversaciones. En ambos lados puede haber gente cegada por los propios intereses e incluso fanática. O todavía peor, gente tramposa o corrupta. Los bajos e insuficientes niveles de diálogo en las discusiones sobre el salario mínimo del año pasado, que todavía hoy tienen algunos ridículos ecos, muestran en buena parte la dificultad para una sana relación entre el capital y el trabajo. Por eso mismo es necesario un mayor diálogo, para ir superando barreras y malos entendimientos. Empresas como Avianca, que presume de dar un buen servicio a sus muy numerosos pasajeros, deberían dar el ejemplo, en vez de convertirse en un elemento más de abuso del débil.
Una empresa de servicios no debe arriesgarse a que su prestigio decaiga. Y tratar inadecuadamente a sus trabajadores es la mejor forma de conseguir que haya posibles clientes que busquen otra forma u otra empresa para viajar.
