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martes , 24 octubre 2017
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Caso tregua sigue abierto por declaraciones de pandillero criteriado
David Munguía Payés, titular de Defensa, como testigo en el Caso Tregua, en las oficinas de la Fiscalía General de la República. Foto Diario Co Latino.

Caso tregua sigue abierto por declaraciones de pandillero criteriado

@JoakinSalazar

Nalo”, nombre clave del pandillero de la 18, que fue criteriado por la Fiscalía General de la República, al rendir su declaración, en la que sacó a la luz, lo que a juicio del Fiscal General Douglas Meléndez, son puntos claves que podría dar continuidad a la investigación en contra de otros actores involucrados en el proceso de pacificación, conocido como “Tregua” entre las pandillas.

En su cuarto día de audiencia de Vista Pública, el Juzgado Especializado de Sentencia “A” permitió la declaración del pandillero criteriado, quien dijo que durante la tregua entre pandillas hubo negociaciones con los principales partidos políticos del país, con quienes negociaron votos a cambio de $250 mil dólares. Incluso, señaló que por parte de ARENA el dinero le fue entregado por medio de Paolo Luers.

Según Nalo, a los pandilleros les entregaron 500 teléfonos celulares a distintos penales, entregas que fueron coordinadas con Roberto Castillo, quien era el asistente de Raúl Mijango, y con quien se reunía en un local para recibir indicaciones. Por órdenes superiores a él (Nalo) y a Castillo, no se les revisaba cuando entraban con los paquetes que contenían los teléfonos celulares.

Tras la declaración de Nalo, el Fiscal General expresó que “a raíz de los testimonios, es posible que ampliemos la investigación, primero por los fondos públicos. Fondos de los impuestos que se ocuparon y también por el involucramiento de otras personas.

Lo que hay que dejar claro es que La tregua como tal en este momento no era delito, a partir de la reforma del año pasado toda negociación sí, pero vamos a examinar la situación de la investigación si se cometieron algunos ilícitos”.

“Este caso no debería de estarse llevando a cabo, creo que es un tema penoso y bochornoso que estamos viendo en esos momentos. A nosotros lo que nos ha quedado es investigar y presentar el caso a los tribunales, esperamos una resolución seria y correcta del juez”.

Meléndez enfatizó que en el proceso de vista pública están apareciendo otros hechos. Los testigos están determinando que ocuparon fondos públicos para favorecer a las pandillas para la tregua, incluso instituciones del Estado, como la policía y la Fuerza Armada de El Salvador.

En el transcurso de la audiencia, el ministro de Defensa Nacional David Munguía Payes, quien fungió como ministro de Justicia en el periodo de la Tregua, declaró a favor de la defensa.

En sus argumentos, el ministro dijo que el proceso de pacificación fue una política de Estado que contó con el aval del entonces presidente Mauricio Funes.

Asimismo, señaló que él nunca supo del ingreso de ilícitos en centros penales, ni de la realización de fiestas pornos y confirmó que Raúl Mijango y monseñor Fabio Colindres fueron los mediadores que contaron con el aval del gabinete de seguridad y del mismo ex presidente Funes.

Ante las declaraciones de Munguía Payés, el Fiscal General dijo “cómo es posible que una persona que debería ser seria como un ministro de Defensa, esté involucrado en esto, a mí me da pena ajena ver a un ministro de Defensa declarando a favor de imputados, no puede ser, un funcionario debe de ser serio y correcto”. Para Meléndez, Munguía Payés no puede estarse prestando a declarar en un tema tan bochornoso. Para el Fiscal, el testimonio del ministro de Defensa no tiene ninguna credibilidad, porque él estuvo involucrado en este tema de la tregua, puesto que aceptó en Fiscalía que recibió dinero, que recibió $25 mil dólares y no explicó para qué los utilizó”, agregó.

Este viernes se espera que las partes den los alegatos finales, en la vista pública contra 18 acusados de varios delitos relacionados con “Caso Tregua”.

Los acusados son el ex director general de Centros Penales, Nelson Rauda Portillo; el ex inspector general de Centros Penales, Anílver Eduviges Rodríguez, Raúl Mijango, Roberto Castillo y otras 14 personas más, quienes gozan de medidas alternas a la detención provisional.

Los procesados están acusados de Introducción de Objetos Prohibidos a Centros Penales, Falsedad Ideológica, Agrupaciones Ilícitas y otros delitos.

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