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@JoakinSalazar
El director de la Policía Nacional Civil (PNC) Howard Cotto informó sobre la captura de seis personas, entre estos empleados judiciales involucrados en el favorecimiento de personas procesadas judicialmente. Estas personas fueron capturadas en el Juzgado de Metapán.
Las capturas, aseguró Cotto, son en el marco del operativo contra la corrupción, y producto de las investigaciones sobre una red que era liderada por el abogado Silas Peraza Calderón, conocido como “El abogado del diablo”, quien manejaba una firma de abogados en el municipio.
“Es la segunda fase de un proceso de investigación que inició el 19 de diciembre del año 2016, ha sido desarrollado por personal de la División Élite Contra Crimen Organizado, junto con la Fiscalía General de la República que realiza una investigación para demostrar la participación de abogados y empleados judiciales”, dijo Cotto.
Los capturados son: José René Ramírez Peña, abogado y trabajador del bufete de Silas Peraza Calderón, Joaquín Alberto Molina Castro, este maneja un bufete en el municipio de Atiquizaya, Ricardo Antonio Meléndez Morán, colaborador judicial en el Juzgado de Instrucción de Metapán, Gracia María Concepción Villalta Recinos, secretaria del Juzgado Segundo de Sentencia Santa Ana, Ever Edgardo Sanabria Escobar, médico, detenido por extender constancias médicas falsas. Por la fase I y II del caso Trances, la PNC investiga 18 casos de favorecimiento a imputados para obtener beneficios en procesos judiciales.
“Los colaboradores jurídicos de los tribunales acusados facilitaron el proceso para que imputados pudieran quedar en libertad. Estamos demostrando la capacidad de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía en investigar casos en los que empleados del sistema de Justicia están involucrados”, agregó Cotto.
El Juzgado Noveno de Paz ordenó instrucción formal contra 18 acusados del caso Trances en su fase uno, 14 de los cuales salieron en libertad condicional durante el proceso de seis meses en que se desarrolla la investigación fiscal.
Todos los imputados son involucrados en una red que beneficiaba a privados de libertad en sus procesos judiciales. Esta red operaba dentro del sistema judicial.
