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El debate sobre el salario mínimo de los trabajadores salvadoreños también ha obligado a volver las miradas a otro tema relacionado, como es el de la canasta básica familiar. Este instrumento de medición del poder de adquisición de la ciudadanía también es un indicativo de qué tan igualitaria es una sociedad.
La presidenta de la Dirección del Consumidor (DC) Yanci Guadalupe Urbina señaló, en una entrevista transmitida el lunes por la noche en canal 10, que el salario mínimo de los trabajadores salvadoreños, especialmente del sector maquila, apenas alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria urbana de una familia promedio.
Pero esta indagación, a su vez, recordó otra injusta realidad de la clase trabajadora salvadoreña y es el hecho de que esta canasta básica alimenticia urbana apenas está compuesta por 11 productos de primera necesidad.
La situación en el campo es peor, pues la canasta básica alimentaria apenas cubre nueve productos, lo que constituye una injusticia histórica contra grandes segmentos de población rural marginados por décadas.
Urbina la llama “canasta básica súper elemental”, pero aún siendo tan corta engulle $200 al mes, con lo que a una trabajadora de maquila le quedaban apenas 10 dólares de su anterior sueldo ($210) para satisfacer el resto de necesidades de la familia: vivienda, salud, educación, por mencionar algunas.
Aquellos sectores que se dicen preocupados porque el nuevo salario mínimo da lugar a una supuesta fuga de inversionistas debido a la “inseguridad legal”, que según argumentan provoca el Gobierno, deberían preocuparse más por conocer cuánto pueden comprar sus empleados con el salario mínimo que han percibido.
Lo que queda al descubierto con estas cifras es que la desigualdad en El Salvador es mucho más profunda; que las apariencias y que el crecimiento de la economía no beneficia a todos por igual, a pesar de que los trabajadores constituyen una pieza clave en la generación de riqueza, más allá de que algunos grupos de empresarios se bauticen a sí mismos como “el sector productivo”.
Según manifestó la funcionaria, la DC ya planteó la necesidad de ampliar esta canasta alimentaria de supervivencia, compuesta actualmente por frijoles, arroz, tortillas, huevos, algunas harinas y carnes, tomando como parámetro otras naciones vecinas, que incluyen en esta clasificación hasta 40 y más productos alimenticios.
Una actualización de la canasta básica alimentaria traería una reclasificación de los niveles de pobreza en el país, pero también podría servir como parámetro para exigir la justicia distributiva de la riqueza en el país. Esta equidad social ha sido pospuesta durante décadas en el país.
La canasta básica no debería de ser un reflejo de qué tan pobre es una sociedad sino que debe ser un parámetro de qué tan justo y eficiente es el modelo económico para distribuir la riqueza que genera. ¿Qué tan justo puede ser un modelo cuyos empresarios pueden obtener cantidades millonarias para invertir en países vecinos, mientras un trabajador apenas puede comprar huevos, tortillas y frijoles para subsistir el mes?
