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Alyson Hernández
@DiarioCoLatino
Margarita Posada del Foro Nacional de Salud, directora ejecutiva de la Asociación de promotoras y promotores de Salud y de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) afirmó que si el reparto de dinero, a parte del salario, durante la administración del presidente Antonio Saca fuera comprobado, se tendría que una sola funcionaria recibió a través de bonos más de 300 mil dólares anuales y en cinco años recaudó 1.5 millones de dólares. Con ese dinero, dijo la dirigente de las organizaciones sociales, unas “300 mil familias rurales pudieron haber tenido una vivienda digna”. Las investigaciones, reiteró, en esa dirección tendrían que ir por parte del ministerio público.
¿Cuál es su opinión de los bonos que recibían ex funcionarios del gobierno de Saca?
Nosotros como Alianza Social por la Gobernabilidad y Justicia el día de ayer (23 de mayo) llevamos un aviso de investigación a la Fiscalía General de la República porque es la Fiscalía el ente que constitucionalmente tiene el mandato de investigación del delito.
Como organizaciones sociales no podemos afirmar ni descalificar los recibos que han salido firmados como bonos de más de 10 ex funcionarios del gabinete del ex presidente Saca.
En el caso de Ana Vilma de Escobar ha salido a la luz pública de que ella recibía $25 mil mensual. Si eso fuese así estamos hablando de que ella tenía $300 mil anuales de y 1.5 millones de dólares en 5 años. Con 1.5 millones de dólares para las familias más pobres del área rural se construyen casas de $5 mil. Con ese dinero, 300 mil familias rurales pudieron haber tenido una vivienda digna y eso es lo que nosotros queremos que se cuestione, que se investigue.
No me basta con que ella (Ana Vilma) diga que eso no es cierto. Es la fiscalía la que tiene que decirlo porque aquí hay dos presuntos ilícitos, el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero.
De igual manera, llevamos a la Fiscalía un aviso de investigación para Roberto Rubio y como prueba presentamos una transferencia del banco teniendo como emisor a casa presidencial a la cuenta particular de Rubio. Porque si Roberto recibió ese dinero entonces a saber cuántos más. Lo que nosotros queremos que investigue la Fiscalía es que si ese dinero fue reportado a Hacienda y pagó impuestos, porque si no lo hizo, él cometió el ilícito de lavado de dinero. Entonces por esa razón no abocamos al ente que constitucionalmente está acreditado para hacer ese tipo de investigación.
¿De qué manera conocieron esta información?
A través de las redes sociales y son los recibos que filtró Alejandro Muyshondt y así lo hemos planteado en la Fiscalía. De la veracidad nosotros no podemos afirmar o desmentir. Es la Fiscalía la que lo tiene que decir y esperamos que al final el fiscal rompa con la parcialidad con la que ha venido actuando y que investigue.
La organización Alianza Social por la Gobernabilidad y Justicia con 35 organizaciones que buscan garantizar el pleno cumplimiento de la justicia en El Salvador, el martes 23 de mayo presentó dos demandas en la Fiscalía General de la República. Una contra un grupo de ex funcionarios de ARENA que recibían elevadas cantidades y lo cual consta por medio de recibos que son públicos y la otra contra Roberto Rubio, por irregularidades en los honorarios recibidos por Casa Presidencial.
