Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
La Paz/PL
El acuerdo entre el gobierno boliviano y los productores de coca de establecer 22 mil hectáreas para el cultivo legal de la hoja, pone fin hoy a un conflicto que en las últimas semanas provocó tensiones aquí.
Luego de arduos debates, las partes convinieron en que se dediquen 14 mil 300 hectáreas en el departamento de La Paz y siete mil 700 en el trópico de Cochabamba para la siembra de la planta con fines alimenticios, investigativos, medicinales y espirituales.
Ese acuerdo dio luz verde a la aprobación anoche en la Cámara de Diputados del proyecto de Ley General de la Coca, el cual sustituye a la legislación 1008, vigente desde 1988.
La iniciativa, que será revisada por el Senado antes de su promulgación, reconoce a la milenaria hoja como patrimonio cultural, originario y ancestral y advierte que la planta en su estado natural no es droga.
También prevé el control estatal a la cadena de producción, comercialización, transporte, industrialización y exportación de la coca y el apoyo a los productores.
De acuerdo con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, la normativa tiene un valor especial porque el país cuenta con una tradición vinculada a la hoja y esa legislación garantiza de manera perenne la existencia de la planta y su reconocimiento en el ámbito de la ONU.
Romero advirtió la necesidad de contar con una nueva ley que regule las zonas legales de cosecha de la hoja y sus diferentes utilidades.
Para el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, este es un momento trascendental para los pueblos indígenas, originario, campesinos porque transforma la visión filosófica en relación con la planta.
El Gobierno destacó la construcción consensuada del proyecto y la voluntad manifiesta de la dirigencia cocalera de llegar a un entendimiento, a pesar de la actitud de algunos que intentaron distorsionar el contenido de la iniciativa para generar conflictos.
Con el acuerdo quedan atrás momentos de tensión por los bloqueos de los cocaleros a la Plaza Murillo, sede de los poderes ejecutivo y legislativo, y los disturbios protagonizados en la zona del estadio Hernán Siles, donde atacaron entidades públicas y privadas.
Al referirse a esos hechos, el presidente Evo Morales advirtió que algunos dirigentes usaban el conflicto con fines políticos.
